La asamblea de funcionarios judiciales llevada a cabo ayer resolvió “reafirmar en todos sus términos” el conflicto que mantienen con las autoridades, “con el propósito de encontrar una solución definitiva” a sus reclamos. Los trabajadores, nucleados en la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), pretenden que el Estado uruguayo cumpla con la sentencia del 30 de marzo de 2016, que obligó a otorgar 21,6% de aumento salarial a raíz de un artículo incluido en la ley de presupuesto 2010-2014 que derivó en una serie de enganches salariales en el Poder Judicial. Los trabajadores reclaman el pago del aumento salarial y también la deuda por lo que no se ha pagado desde 2011.
El Poder Ejecutivo había planteado pagar 70% de lo adeudado y hacer un ajuste salarial de 15,76%, pero los funcionarios exigen que se haga el ajuste de 21,6% que reclaman y que se genere un ámbito de negociación para acordar el pago de la deuda retroactiva. Jueces, fiscales, defensores de oficio e integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo acordaron con el gobierno, pero los funcionarios y los actuarios no.
La asamblea reunida ayer resolvió “mantener el objetivo de alcanzar el 100% de la adecuación salarial como prioridad”. Los trabajadores afirman que los fondos establecidos en la propuesta del Poder Ejecutivo son “suficientes para hacer viable la adecuación salarial” y reclaman a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Ejecutivo que incluyan en sus mensajes a la Rendición de Cuentas “los montos para la adecuación salarial y el pago de lo adeudado”.
Los trabajadores resolvieron, entre otras medidas, la suspensión de “toda actividad relacionada al nuevo Código de Proceso Penal y Código de Procedimiento Aduanero que se oriente en la planificación de los proyectos de infraestructura edilicia, adquisición de bienes muebles, integración de tribunales de concursos, comisiones de coordinación, actividades de capacitación y formación y toda otra tarea administrativa o jurisdiccional relacionada”.