Por iniciativa de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino de Uruguay, una serie de colectivos y personas firmaron una declaración en la que se reconoce “el derecho del Pueblo Palestino a la autodeterminación”, considerando que para que eso se logre es necesario que el Estado de Israel “cumpla todas las determinaciones y consejos de los organismos de Naciones Unidas”, “ponga fin a las ocupaciones, retirándose de los espacios terrestres, acuáticos y aéreos de Palestina, Líbano y Siria”, que “no sólo cese la construcción de instalaciones civiles (colonias) y militares en territorios ocupados (muros, bases, red vial), sino que abandone las mismas, por ser flagrantemente ilegales”, que “permita y posibilite el retorno de los refugiados palestinos de acuerdo con disposiciones expresas de las Naciones Unidas”, y que derogue “las leyes de apartheid impuestas que discriminan a los no judíos y castigan los matrimonios integrados”.
Además, convoca a “participar de todas las medidas, campañas y movilizaciones que se han hecho y se harán” y a redoblar el “compromiso con la Campaña B.D.S. (Boicot, Desinversiones y Sanciones)”. “La misma ha tomado como modelo la realizada contra el régimen de apartheid sudafricano y que tanto contribuyó a su fin. Si la campaña en el caso de Sudáfrica fue legitimada, avalada y acompañada por una parte significativa de la comunidad internacional, puede y debe aplicarse a idénticas acciones del régimen israelí”, concluye la declaración. Entre los firmantes están Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Servicio Paz y Justicia, la Asociación de ex Presos Políticos Crysol, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Iglesia Metodista del Uruguay, la Fundación Vivian Trías, el Centro Artiguista por los Derechos Económicos Sociales y Culturales (CADESYC), la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo y de Río Negro, entre otras organizaciones, y por personas como la ex vicecanciller Belela Herrera, el pastor Ademar Olivera, el secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio y la ex diputada del Frente Amplio y actual directora de Enlace Institucional de la Intendencia de Río Negro, Graciela Cáceres.