La Internacional de la Educación, federación que agrupa a sindicatos de la educación de todo el mundo, publicó el documento La privatización educativa en América Latina: una cartografía de políticas, tendencias, y trayectorias. En el capítulo sobre Uruguay asegura que es de los países de la región en que la educación privada tuvo un desarrollo limitado, pero en las últimas décadas se observan “síntomas de cierto impulso pro-mercado”; llaman a esa trayectoria “privatización latente”.
La Internacional destaca que el porcentaje que cubre la educación privada se mantuvo constante, entre 15% y 20%, durante todo el siglo XX. Si bien existen formas de transferencia de recursos públicos al sector privado, no hay ningún programa de subsidio en un sentido estricto. Comparado con el resto de los países de América Latina, las instituciones católicas son menos preponderantes y coexisten con otras de tipo cultural, como “la escuela alemana, italiana y judía”. Explican el escaso desarrollo del sector privado por la fuerte tradición laica del país.
El documento señala que en las últimas décadas emergieron ofertas con orientación comercial, dirigidas a un público menos vinculado con las clases dirigentes. Durante la dictadura aumentó la cantidad de alumnos de clase media en institutos privados, en especial en secundaria y, más allá de la fluctuación de la matrícula, lo que se verifica es un cambio “significativo en el orden discursivo”: se asocia a la educación privada con la eficiencia, y hay una percepción de que la educación pública está en crisis. “Si bien este cambio no se traduce inmediatamente en un crecimiento del sector privado, contribuye a crear un clima propicio a las propuestas de reforma educativa de corte privatizador”, señala el documento. Durante los últimos diez años se propusieron reformas, que no prosperaron, pero demuestran un cambio en la agenda política.
“Entre los grupos sociales y políticos que proponen el impulso de establecimientos de financiamiento público y gestión privada destacan los partidos en la oposición, como el Partido Colorado [PC], y colectivos ligados a la Iglesia Católica. Estos grupos proponen medidas de índole diversa, incluyendo un aumento de las exenciones tributarias a las empresas o instituciones privadas que contribuyan al financiamiento de establecimientos educativos, o subsidios directos mediante un mecanismo de vouchers, inspirado en el que ya se implementa en el nivel preescolar. En el año 2013, por ejemplo, el proyecto de ley impulsado por el senador Pedro Bordaberry proponía el financiamiento público de aquellas instituciones de gestión privada que ofrezcan un servicio educativo a tiempo completo acompañado de servicio de alimentación en zonas desfavorecidas y, si bien la propuesta no prosperó, se puede considerar sintomática del giro discursivo que se pone de relieve en Uruguay”.
Más allá del bloqueo de las políticas pro mercado en el ámbito educativo, otras leyes sí crean un clima propicio para la iniciativa privada en materia de provisión de servicios sociales. “La reforma tributaria de 2007 estableció una exoneración fiscal de 82,5% para donaciones empresariales a entidades educativas y sociales, e implicó en la práctica una transferencia indirecta de recursos públicos al sector privado”. Hasta ahora no se tradujo en un aumento de las iniciativas privadas, pero sí ha tenido un efecto de consolidación de las dinámicas preexistentes, “a la vez que ha alentado la creación de un reducido núcleo de nuevos establecimientos de gestión privada y de acceso gratuito. Se trata de instituciones ligadas a órdenes religiosas y/o mantenidas con donaciones privadas, dirigidas a un alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y que se caracterizan por una amplia oferta extracurricular así como por una jornada escolar extendida”.