“No hay ascensor. Somos pobres, pero no indigentes”, dice Senovia, mientras nos guía por un edificio que envejece sobre la calle 25 de Mayo, en Ciudad Vieja. Ella nació en Chiclayo, una ciudad del noreste de Perú, pero desde 2006 vive en el mismo lugar, en Montevideo, con su esposo. Las frías leyes podrán decir que ocupa una propiedad que no le pertenece, pero el calor del ambiente grita que es su hogar. Senovia llegó por intermedio de conocidos, como todos en el edificio: “Cuando vine acá era un desastre, una mugre total. Yo lo pinté, lo arreglé y lo puse en condiciones”. Dice que quizás se vea desordenado. No interesa, pero igual se excusa. Cuenta que no para, vive de un lado para el otro, aunque no está trabajando, porque se lastimó un pie. Todavía está recuperándose.
Hace unos minutos, Senovia estaba en la Embajada de Perú, coordinando actividades a beneficio de sus compatriotas damnificados por las inundaciones. Ya son más de 100.000. Aquí todos se conocen. Un vecino del edificio, coterráneo, se suma a la conversación. Está con su pequeña hija. “Ella nació acá”, explica Senovia. Al embajador de su país le contó que tienen el desalojo, porque viven en un edificio “tomado”. “Bueno, que les vaya todo bien, porque en esto la embajada no se mete”, les dijo. Los que se meten son los abogados. Roberto Soria es uno de ellos. Trabaja en el estudio Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que defiende a las familias que ocupan tres edificios que están por ser desalojados. Uno de ellos es el de Senovia, en el que viven 23 familias, cerca de 80 personas, con niños; la mayoría de origen peruano. También hay uruguayos.
El abogado explica que un juicio de desalojo tiene dos etapas: la primera es para determinar que las personas que ocupan la propiedad están en calidad de precarios, y la segunda es el lanzamiento, que es un “proceso cortito, en el que viene la Policía y saca forzosamente a la gente. En dos de los tres juicios estamos en etapa de lanzamiento. Y, en ese caso, lo único que se puede hacer es pedir prórroga, o sea, trancar el expediente para ganar dos o tres meses más”.
Senovia estaba preocupada, porque supuestamente tenían el desalojo el 14 de marzo. Pero su abogado le dijo que no se preocupe, porque antes de echarlos les van a avisar. Cuando les llegue el nuevo cedulón, recién en ese momento empezaría a correr la prórroga. Pidieron 180 días. Pero para el tercer piso ya llegó. Senovia se sorprendió, porque habían pedido la prórroga para todo el edificio. Le dijeron que los dueños del tercer piso son otros. Antes les habían llegado papeles de igual índole y para el mismo efecto. Nunca les dieron importancia “porque decían que no había dueños”, y ninguno de los supuestos dueños marcó presencia.
El abogado Soria dice que “es muy raro todo”, porque los desalojos los están promoviendo “sociedades anónimas raras que operan con testaferros; van a las audiencias y siempre cambian de testaferros”. Además, agrega que “los desalojos van a salir porque lo único que se puede hacer es meter prórrogas y estirarla un poco”.
“Si nos echaban el día 14, no teníamos para dónde ir, nos agarraban desprevenidos. Nada de resistencia, porque es un lanzamiento. El desalojo todavía se pelea, se tramita, pero el lanzamiento ya no. Es lo que aprendí con los abogados. Es diferente: te abren la puerta, y si te encierras, te entran por la ventana y te sacan. Es todo un problema”, cuenta Senovia.
Valeria España es abogada especialista en migración y trabaja con Soria. España tiene la hipótesis de que las sociedades anónimas que promueven los desalojos son especuladores inmobiliarios que no tienen legitimidad para realizar los desalojos, por eso los testaferros nunca aparecen. Y los títulos de propiedad, tampoco. “Rigen las leyes del mercado de manera salvaje, y realmente es un claro ejemplo de cómo se vela ya no por la propiedad, sino por la especulación comercial”, señala la especialista. Además, denuncia que no existe un protocolo de desalojo: “En realidad, es la Policía que los va a sacar, en un contexto en donde no se garantiza el no uso de la violencia”.
Así como hace años que se trabaja en amparos de acceso a medicamentos de alto costo que no están previstos en el formulario terapéutico médico, para obligar a que el Estado los brinde, los abogados que defienden a las familias que están por ser desalojadas pretenden pedir una acción de amparo de acceso a la vivienda para todas ellas. Es un mecanismo que no tiene antecedentes en Uruguay, pero -a criterio de Soria- está consagrado por el artículo 45 de la Constitución de la República: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
Senovia es empleada doméstica. Quiere una vivienda digna. Dice que no puede pagar un alquiler de 22.000 pesos. “No nos negamos a pagar, pero que esté acorde a nuestra economía. Algo que sea digno para nosotros y que lo podamos pagar”. “Nosotros hemos venido para acá a luchar por nuestras familias de Perú. Tengo un hijo al que estoy educando en la superior; está en la facultad, como dicen ustedes, y me demanda gastos y dinero”.
La cara de Senovia se transforma cuando le preguntamos cómo la ha tratado Uruguay. Se pone seria. Cuenta que a donde va, siempre dice que “los uruguayos son muy racistas”. Levanta el tono: “No tengo ningún recelo en decirlo; no me reservo nada, porque es la realidad”. Llegó a trabajar para patrones que la trataron muy mal. “Peor que a un perro”.
“Una llegó al insulto, me refregó que tenía muchísimo dinero. Yo la dejé que hablara. Me dijo de todo. Después le dije que como su trabajadora, tenía derecho a ser oída. Ella puede tener todo el dinero del mundo y puede hacer con su dinero lo que quiera, pero yo con mi trabajo y mi honestidad voy a donde sea. Nadie me va a venir a humillar y no tengo que bajar la cabeza ante nadie. Porque todos somos iguales, con dinero o sin dinero”.