El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit presentó ayer su primer informe sobre el estado del sistema carcelario. Como introducción, Petit eligió un caso reciente y muy fuerte, que resume varios de los problemas identificados en el desarrollo del informe. Es la transcripción de un diálogo con una mujer presa, a la que le preguntan, en julio de 2016, por qué se había infligido “heridas cortantes” en la muñeca. “Porque me quería matar, porque soy muy impulsiva y extraño mucho a mi familia, me quiero tratar con psicólogo o alguien que me ayude para estar bien, y cuando salga poder trabajar y criar a mi hijo, necesito mucho que me ayuden”, respondía ella. Ana, la mujer presa, se suicidó en febrero de este año en una celda de la cárcel de Pense, Soriano, sin haber recibido tratamiento psicológico.
Población, superpoblación y tratos crueles
El último dato sobre la cantidad de presos da cuenta de que hay 11.150 personas privadas de libertad en Uruguay. Esto, sumado a que somos de los países con mayor índice de prisionización, le permite afirmar a Petit que constituimos “uno de los países en el continente americano que más usa la cárcel como respuesta a la violencia social”, ya que “sería difícil argumentar que el altísimo índice de prisionización de Uruguay se debe a que seamos el lugar del continente con más violencia”.
Petit considera que 33% de los presos en Uruguay están recluidos en centros que ofrecen un “trato cruel, inhumano y degradante”. Se refiere a las condiciones de los celdarios Nº 1 y 2 del Penal de Libertad, los módulos 8, 10, 11 y 12 del Comcar, los pisos 4 y 5 del Centro Metropolitano Femenino, el módulo 2 y la celda externa de la cárcel de Canelones y la cárcel de Maldonado. Estos lugares, afirma el comisionado parlamentario sobre el sistema carcelario, “encuadran en la tipificación del artículo 16 de la Convención contra la Tortura” (“trato cruel, inhumano y degradante” cometido por funcionarios públicos). A este 33% de la población bajo estas condiciones se suma otro 41%, unas 3.000 personas más, que viven en “pobres condiciones de reclusión, con severas carencias de formación para el empleo, oportunidades laborales, educativas, atención de las adicciones, salud mental o asistencia familiar”.
Si bien Petit destaca los avances en la construcción de nuevas plazas, el detalle sobre la población de cada centro da cuenta de que hay ocho, de un total de 25, en donde el índice de densidad de población supera el número 120, lo que se considera como “superpoblación crítica”. Los centros más comprometidos son las cárceles de Tacuarembó (187,6), Salto (158), Canelones (151,5) y el Comcar (134,7).
Los datos de muertes en cárceles en 2016 también encienden alertas. Murieron 44 personas, 31 de ellas por causas violentas: 16 homicidios, 12 suicidios y tres muertes en circunstancias violentas no aclaradas aún. La cantidad de homicidios es la mayor en los últimos 11 años, así como la cantidad de suicidios. “La señal es clara”, advierte el comisionado parlamentario, que detalla que las muertes violentas “se concentran en los megapenales”: 71% de estas ocurrieron en el Comcar y en el Penal de Libertad. “Esto vuelve a dar la razón a las modernas corrientes penitenciarias que señalan que los centros con más de 500 internos son inmanejables, despersonalizados, anómicos y fuente de violencias y transgresiones de todo tipo”, concluye Petit.
El informe también destaca que es poca la población carcelaria que estudia o trabaja. 2.150 personas estudian (21% de la población carcelaria) y 2.900 trabajan (37%), y uno de los problemas que identifica es que no hay cupo suficiente para estudiar. En el Comcar, por ejemplo, 1.500 internos piden para estudiar, pero el cupo es de 500 y asisten regularmente 300. Por otra parte, y como lo grafica el caso con el que comienzan el informe y esta nota, Petit afirma que la atención a la salud mental en las cárceles “es un gran vacío”, lo que significa “un factor de inestabilidad y violencia”.
Recomendaciones
El informe contiene muchas recomendaciones; en primer lugar, que se ponga en marcha “urgentemente” un plan integral de cambios (con cronograma, metas y recursos) de las situaciones definidas como trato cruel, inhumano y degradante en los lugares identificados. El segundo punto también es urgente, y consiste en suspender el régimen de confinamiento en solitario que se ha implementado en el módulo 12 del Comcar, y en su lugar generar un programa de alta seguridad.
Otras de las sugerencias son instalar cámaras en todos los espacios comunes, patios, corredores y laterales de los centros penitenciarios, “de manera de prevenir hechos violentos y corrupciones o, en caso de que ocurran, contar con elementos probatorios de los mismos”; identificar a los internos con intentos de autoeliminación y darles asistencia; tomar medidas para mejorar “las muy malas condiciones que tiene el sector llamado de ‘boxes’ del Comcar (área de tránsito), la llamada “celda externa de Canelones” y las dependencias de la Unidad de Traslados”, y asegurar que los controles de celdas con requisas sean debidamente filmados.
También pide realizar mejoras y dignificar el ingreso de las familias a los penales, implementar un centro de llamadas para atender a las familias de los presos y dar información, impulsar un programa de bibliotecas en las cárceles y entregar a cada persona que ingresa a una cárcel un material impreso con sus derechos y obligaciones y recursos sociales de apoyo.
Luces
El informe de Petit destaca que hay varias experiencias innovadoras “que han logrado consolidarse” entre las que identifica el Polo Industrial del Comcar, la cárcel de Salto, la de Punta de Rieles y la cárcel Pintado Grande de Artigas. Allí se dan, dice, “importantes programas de trabajo, educación y cultura, muy buena convivencia y relacionamiento con la comunidad exterior”, y constituyen “fuertes señales de que es posible concretar centros de nuevo cuño y con grandes posibilidades de rehabilitación y reinserción social”.