Desde finales del año pasado se espera la comparecencia de Nelson Villarreal, titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de Presidencia, a la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados. Pablo Abdala, representante del Partido Nacional (PN), realizó el pedido para saber cómo continúa el proceso de reasentamiento de las cinco familias sirias que llegaron a Uruguay durante el gobierno de José Mujica, en calidad de refugiadas. La situación se tensó el lunes de la semana pasada, cuando dos familias decidieran abandonar sus lugares de residencia para acampar en la plaza Independencia pidiendo irse del país. Se trata de 14 personas (ocho menores de 18 años y seis mayores) residentes en Salto y cinco que viven en Montevideo (una madre con sus cuatro hijos). Son 15 los componentes de la familia de Salto, pero uno de los hijos se quedó en el departamento del norte a cargo de la casa y de la chacra cedidas por el Instituto Nacional de Colonización (INC). La SDH brindará hoy una conferencia de prensa para dar a conocer cómo van las negociaciones con las familias.
Bertha Sanseverino, diputada del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Población y Desarrollo, dijo a la diaria que, si bien el gobierno planificó una asistencia por dos años, “tampoco se los puede dejar sin ningún tipo de ayuda”.
“Seguramente sigan insistiendo en irse, pero eso escapa a las posibilidades del Estado. Es probable que su gran deseo sea estar en un país con otra lengua, otra religión y cultura. Son aspectos que deberán verse en próximos procesos. Son situaciones traumáticas que ni ellos ni nosotros merecemos. Nosotros les abrimos el país y ellos consideran que lo que se pone a su disposición es insuficiente”, dijo. Las familias que acampan en la plaza aseguran que fueron engañadas, porque se les prometió que tendrían buenos trabajos y en la actualidad ninguna de las personas mayores de 18 tiene empleo. Sanseverino dijo que “sería bueno juntar toda la información de los ofrecimientos que se les hicieron y que no aceptaron, porque no estaban en condiciones o porque esperaban otra cosa”. La diputada del FA propuso avanzar en protocolos para dejar en claro cuáles son las responsabilidades y las posibilidades del Estado.
Por otra parte, Pablo Abdala dijo a la diaria que le genera dudas la extensión de un año de la ayuda a las familias sirias. “Creo que el Poder Ejecutivo no tiene potestades para seguir realizando esos pagos sin autorización legal. Estamos hablando de una asignación de recursos presupuestales y de una suerte de discriminación a favor de determinadas personas, más allá de que se trate de refugiados sirios”. Abdala aseguró que es evidente que se generó un problema de adaptación y que el programa, que depende de la SDH, no ha funcionado en forma adecuada. “Es algo que confesó [Javier] Miranda cuando era director de la SDH: se actuó de forma apresurada. Debieron tomarse más tiempo en la selección de las familias. Lo electoral jugó su partida, porque se acababa el gobierno y se venían las elecciones, lo que hizo que [José] Mujica acelerara la llegada de estas personas”.
Abdala consideró complicado que los refugiados se puedan ir de Uruguay en el corto plazo. Consultado sobre lo que el gobierno les ofreció, dijo: “A mí no me consta que hayan sido engañados [como aseguran las familias]. La ayuda que se les dio no ha sido poca para los niveles de cobertura que tenemos los uruguayos. Se ha hecho una excepción muy beneficiosa para estas familias, que muchos uruguayos quisieran. Está notoriamente por encima de la media de lo que gana una familia uruguaya”.
Abdala señaló que el PN se opuso a la llegada de los presos de Guantánamo, pero en este caso hubo un apoyo crítico. “Compartimos la idea de que se trata de una propuesta que, en su origen, era muy humanitaria. A nadie escapa la realidad de los refugiados sirios en el Líbano y en el mundo, pero esto es una gota en el océano. Sin ningún temperamento reaccionario o de aversión de ninguna especie, creo que, objetivamente, es notorio que el desarrollo del programa ha generado más de un dolor de cabeza, no sólo al gobierno, sino a la sociedad. La imagen internacional de Uruguay también está en juego con las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con la Agencia de la ONU para los refugiados”.