El gobierno y la empresa finlandesa UPM están en proceso de redacción de un acuerdo de inversión que implicará compromisos económicos para Uruguay en materia de infraestructura. El propio presidente Tabaré Vázquez anunció este mes que se está redactando “un acuerdo de inversión”, y la misma versión dan las autoridades de UPM, según lo manifestado ayer por el académico finlandés Teivo Teivainen. El investigador de la Universidad de Helsinki estudia actualmente el vínculo entre las inversiones y la soberanía de los países; en ese marco se reunió con dirigentes sindicales de UPM y con autoridades de la empresa en Uruguay. Ayer participó en la sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional en un debate denominado “¿Colonialismo de papel? Una aproximación a las relaciones entre Uruguay y Finlandia a través de la industria papelera”, organizado por Cotidiano Mujer y la fundación alemana Friedrich Ebert.
Teivainen comentó que el gobierno uruguayo y la empresa difieren en cuanto a los plazos de construcción de la pastera. En un documento que UPM distribuye a sus accionistas y a personas vinculadas al negocio prevé que, una vez alcanzado un acuerdo con el gobierno, habrá una segunda fase que implica el desarrollo de infraestructura y la obtención de autorizaciones. La empresa prevé que esta etapa lleve entre un año y medio y dos años. Luego habría una tercera fase consistente en el “desarrollo de la estructura”, que llevaría dos años y medio, según las estimaciones de la empresa. Si se cumplen estas previsiones, la planta estaría funcionando como fecha más temprana en 2021. En cambio, el gobierno maneja un “calendario más electoral”, comentó Teivainen. En julio de 2016, cuando anunció la inversión, el presidente Tabaré Vázquez aseguró que la planta estaría en funcionamiento en 2020.
Tanto el investigador finlandés como las dos comentaristas del debate, Viviana Barreto, de la organización ambientalista Redes Amigos de la Tierra, y Lizzie Díaz, del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, remarcaron que es central la transparencia sobre los compromisos que asume el país para garantizar la inversión de la pastera y sobre los impactos estimados que tendrá una segunda planta de UPM a nivel económico, social y ambiental. Teivainen advirtió que hay “muy poca información”, y Díaz remarcó que es necesario “un debate informado, con información accesible, con transparencia” y con mecanismos de participación pública.
Se cuestionó durante el debate cuáles serán los impactos reales de la pastera que se instalaría a orillas del río Negro. Teivainen apuntó que la actual planta en Fray Bentos paga una “ridiculez” de canon (700.000 dólares), que “contribuye bastante poco al fisco” y que los efectos sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de la inversión son “hasta cierto punto ficticios”, porque se diluyen en el mediano plazo. Opinó que no suena “muy convincente” el argumento de que se precisa inversión para hacer políticas sociales, cuando en este caso se está hablando de una inversión de 1.000 millones de dólares que debería hacer el Estado en infraestructura. “¿Por qué no usan la plata del ferrocarril para el gasto social?”, señaló.
“Vamos a un camino de más deuda para el país, sin valorar los impactos reales que esto implica. Es una forma de colonialismo, sin duda”, coincidió Lizzie Díaz. Sostuvo que la empresa “exige un acuerdo que proteja la inversión en Uruguay, que asegure beneficios”. “Uruguay debe hacerse cargo de antemano de obras de infraestructura, de una inversión millonaria en función de esta empresa. Es algo totalmente descabellado”, sentenció la activista. Consideró, por otra parte, que la aceptación de esta segunda planta de UPM consolida un modelo de “monocultivo a gran escala” y de “economía de enclave”, con consecuencias para el país en términos de dependencia.
Regalados
Teivainen cuestionó la estrategia negociadora del gobierno uruguayo, porque, según evaluó, lo deja en una posición débil frente a la empresa. “El gobierno parece muy necesitado, dice que la inversión la necesita sí o sí, con una firmeza que me sorprende. Mientras la empresa dice ‘ni hemos empezado a negociar’, el gobierno dice ‘ya está’”, comentó el investigador, y evaluó que es una “ventaja” para la empresa “si el otro está tan desesperado”.
Dijo también que para un gobierno “de centroizquierda es más fácil llevar adelante un proceso de desarrollo capitalista”, porque cuenta, en este caso, con el respaldo del PIT-CNT. Comentó que si el presidente del PIT-CNT dice “UPM OK”, es difícil que los movimientos sindicales de Finlandia consideren que se trata de una acción colonialista.
Tanto Barreto como Teivainen mencionaron que el escenario actual es distinto al que se presentó cuando se instaló la primera pastera de UPM en Fray Bentos, en parte porque “las protestas en Argentina ayudaron a fortalecer la posición de la empresa en Uruguay, vacunando a gran parte de los medios de comunicación y de la población contra una crítica ambiental”, según mencionó el académico. Barreto coincidió en que el conflicto con Argentina fue un factor que “hizo difícil dar una discusión con profundidad”, porque a “quienes tenían la intención de colocar una voz crítica”, “rápidamente la causa nacional los colocaba como enemigos de la patria”. En cambio, ahora es un momento “totalmente distinto, y deberíamos tener condiciones para dar una discusión liberada de esos factores contaminantes”, consideró la integrante de Redes. “El problema es que los hechos políticos parece que se desencadenan de una manera que no dan mucho lugar a la discusión. No pasa sólo con una planta de celulosa, sino con los proyectos de inversión en Uruguay”, agregó.
Barreto consideró que hay “una contradicción entre una mirada de cortísimo plazo”, preocupada exclusivamente por “los números de la macroeconomía y tener las cuentas en orden” -que nadie está diciendo que no sea algo importante, acotó- y la medición de costos y beneficios de los proyectos. “Hay que romper el sentido común instalado de que la inversión es buena y de que lo que hay que hacer es salir a decir por qué no es buena, y al mismo tiempo no se nos explica a cabalidad por qué tenemos que aceptar la inversión”, afirmó.
Afinidades
Teivainen aseguró que en Finlandia se considera que Uruguay es un país con el que tienen “afinidades”, especialmente tras la visita del presidente Tabaré Vázquez. “Se dan cuentan de que hay un país ahí en el sur donde Finlandia es una potencia. Ese sentimiento es algo especial para un país chico”, comentó el académico. Recordó que en Finlandia nunca fueron “vikingos”, sino “esclavos de vikingos”, y que por eso lo de ser un “país colonizador” es una “gran novedad”.