La comisión que investiga los “posibles actos de inteligencia de Estado” desde 1985 a la fecha recibió ayer a Jorge Tiscornia y María del Carmen Martínez, dos de las personas que fueron designadas para la digitalización del “archivo Berrutti”, encontrado en 2007, durante la gestión de Azucena Berrutti como ministra de Defensa Nacional, en una dependencia de su cartera.
El diputado comunista Gerardo Núñez aseguró que, sin haber hecho un análisis “demasiado profundo” de la información, “se puede asegurar que el espionaje en democracia es abundante”, y que este archivo, sumando los documentos hallados en la casa del coronel (r) Elmar Castiglioni, abarca desde 1985 hasta 2002. El espionaje, aseguró, estaba focalizado en partidos políticos y “fundamentalmente en partidos de izquierda”, como el Movimiento de Participación Popular, el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Comunista del Uruguay.
Según Núñez, las tareas de espionaje “dependían directamente de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas al más alto nivel”. “Cuando se comienza a hacer la microfilmación de los archivos, fue autorizada por militares de rangos en algunos casos muy importantes, como [el general] Pedro Barneix. No digo que cuando se autorizó esto estuviera él al frente de las operaciones, pero seguramente conocía este tipo de prácticas porque era uno de los que autorizaban la microfilmación”, sostuvo.
El diputado dijo que se está pensando en que todos los insumos de esta investigadora puedan ser utilizados por la comisión especial que legislará sobre los servicios de inteligencia, en particular para el caso de los militares. “Faltó control de los servicios de inteligencia, sobre todo de los militares”, aseguró.
En tanto, el diputado del Partido Independiente Iván Posada dijo que los contenidos de la documentación no le sorprenden, en la medida en que “los relatos de lo que decían los archivos” incluían ese tipo de información. “El espionaje en democracia me parece fuera de discusión, y ahora hay que establecer las responsabilidades”, dijo.
Entre los próximos convocados a la comisión estarán todas las autoridades del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional desde 1985 hasta la fecha, que deberán responder si tenían conocimiento de estas actividades de espionaje. Además, el diputado independiente dijo que posiblemente el paso siguiente sea citar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas durante este período. “Hay por delante un arduo trabajo”, resumió.