En una resolución fechada el 23 de mayo, el Poder Ejecutivo acordó con la empresa Saomil SA (VTV) la rescisión anticipada del contrato para prestar servicios de televisión digital comercial en el área metropolitana. En 2013, tras un llamado público, el gobierno había asignado dos nuevas frecuencias para prestar servicios de televisión digital a VTV y al consorcio Giro, integrado por las cooperativas La Diaria y Demos. Con Giro rescindió el contrato en febrero de este año, y la semana pasada hizo lo propio con VTV.
Los motivos considerados en la resolución firmada por el presidente Tabaré Vázquez fueron los mismos en ambos casos. El Poder Ejecutivo reconoce que las condiciones de adjudicación de las frecuencias “se vieron sustancialmente alteradas” por el dictado de la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que anuló el decreto 153/012, que estableció el marco regulatorio de la televisión digital. La sentencia del TCA fue a raíz de un recurso revocatorio presentado por el Grupo Clarín, que se vio perjudicado por la reserva y reorganización del espectro de frecuencias. Luego de la anulación, el gobierno dictó otro decreto para reorganizar frecuencias, pero omitió mencionar la fecha del apagón analógico, que sí estaba establecida en el decreto original. Esto, a juicio de las empresas adjudicatarias, determinó un cambio en las reglas de juego, ya que no podían competir en igualdad de condiciones con los actuales operadores, que seguirían operando sus frecuencias analógicas.
El Ejecutivo reconoce en la resolución de rescisión a VTV, y también a consorcio Giro, que la anulación del TCA “alteró sustancialmente la relación de equilibrio original entre el Estado y los adjudicatarios existente al tiempo del dictado de la resolución adjudicataria”, y constituyó “un impedimento por justa causa para que se pudiera ejecutar el contrato resultante del llamado en cuestión”, ya que la sentencia del TCA “cambió las condiciones objetivas originales” del llamado.
