La semana pasada la Fiscalía de Roma apeló el fallo de la Tercera Corte de Asís en el juicio sobre las operaciones del Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras del Cono Sur para reprimir, encarcelar y asesinar a activistas de izquierda. El fallo determinó la absolución de 19 de los acusados, 13 de ellos uruguayos, y dispuso la condena del ex canciller Juan Carlos Blanco. El abogado Fabio Maria Galiani, que representó en el juicio al Estado uruguayo y a la parte civil constituida por Soledad Dossetti (cuyos padres fueron secuestrados en Argentina cuando ella tenía siete meses de edad y permanecen desaparecidos), dijo el lunes que “en virtud” de los artículos 581 y 591 del Código de Proceso Penal italiano, la apelación “es inadmisible por falta de las solicitudes que no parecen tampoco derivar del texto”. Según Galiani, les comunicó su opinión “de inmediato a los familiares, a todos los colegas de las partes civiles y a las instituciones uruguayas”, después de que la fiscal Tiziana Cugini terminó de leer el documento.
Galiani entiende que si bien en el texto se argumenta contra la prescripción de los secuestros, sólo “se declara la impugnación” de las absoluciones, “por lo tanto, sólo la parte de la sentencia relativa a los homicidios”. Por tanto, Galiani manifiesta que no comparte “la satisfacción” del abogado Arturo Salerni, defensor de las partes civiles en los casos de Juan Pablo Recagno, Andrés Bellizzi, Miguel Ángel Río Casas, Alfredo Moyano, de Uruguay, y de Juan Montiglio y otros, de Chile, Argentina y Bolivia. Galiani, por esos motivos, considera “la necesidad, indicada por mi parte desde hace tiempo, de solicitar al procurador general de la Corte de Apelación la oportunidad de presentar la apelación autónomamente, como está previsto en el artículo 570 del Código de Proceso Penal”. Según supo la diaria, el abogado sostuvo que estas afirmaciones las hacía en representación de Dossetti y no del Estado uruguayo, lo que hace suponer que ya no lo representa.
Galiani fue consultado por la diaria sobre eso, a lo que respondió: “Eso se lo tienen que preguntar al Estado uruguayo”. Y agregó: “Además, pregúntenle si va a apelar o no va a apelar”. Al respecto, una fuente del Poder Ejecutivo informó a la diaria que “el Estado uruguayo no tiene legitimación activa, no puede apelar”. “De acuerdo con las normas de la Justicia italiana, el único que puede apelar es el fiscal, y ya lo hizo”, agregó. El secretario de Presidencia, Miguel Toma, encargado de la participación del Estado en el juicio, mantuvo conversaciones informales con la Fiscalía de Roma sobre el proceso judicial. “Es obvio que el Estado uruguayo quiere apelar porque es el que presenta la demanda”, pero no puede hacerlo, sostuvo la fuente.