La Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados fijó ayer la fecha del 6 de junio para votar el proyecto de ley de salud mental, que cuenta con media sanción. Martín Lema (Partido Nacional), presidente de la comisión, dijo a la diaria que el diputado Egardo Mier (Partido Nacional) propuso una moción para aprobar el proyecto tal como llegó del Senado, considerando que modificarlo significaría una demora -porque debería volver al Senado- y “podría entorpecer cuando no hay muchos cambios sustantivos para realizar”. Lema agregó que “el ánimo es votarlo tal cual está”, y que todos los miembros manifestaron el visto bueno ante la propuesta de Mier, pero se resolvió dejar el tema para la primera reunión de junio, “porque cada uno quería discutir el tema en su fuerza política y con los asesores”. El diputado dijo carecer de argumentos de peso para obstaculizar la votación, y comentó que prioriza “el bien mayor, que es darle la mayor celeridad y las herramientas al oficialismo” para que mejore la atención en salud mental.
Gerardo Núñez (Partido Comunista, Frente Amplio), quien no es miembro de la comisión, sino delegado, propuso abrir una instancia de diálogo en la bancada del FA de diputados y senadores para estudiar la posibilidad de hacerle modificaciones. En diálogo con la diaria, Núñez dijo que esos cambios “son importantes y fundamentales” para que haya “coherencia” entre el discurso y lo que se quiere cambiar. “Hoy como está [el proyecto] es una ley del trastorno mental y no de salud mental”, dijo. Opinó que la ley debe ser “motivo de derechos para todos los uruguayos, y no sólo para quienes desarrollan determinados elementos diagnósticos”, y especificó que “en los diagnósticos hay distintos paradigmas en los cuales pararse y generar las caracterizaciones y los rótulos que se le ponen a cada situación”, y que no mencionarlos en la ley “no invalida que cada disciplina trabaje en función de sus herramientas diagnósticas”. La Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental (CNLSM) pide que se sustituya el concepto de “trastorno mental” por el de “usuarios de servicios de salud mental”, porque entiende que es menos estigmatizante y está menos atado a la psiquiatría.
El segundo cambio que propone Núñez, también en consonancia con la solicitud de la CNLSM, apunta a que la práctica interdisciplinaria sea “real y no solamente enunciativa”. Núñez intercederá para que se defina una composición mínima -al menos profesionales de psiquiatría, psicología, trabajo social y enfermería-, y que sean los equipos de referencia los que tomen contacto con el usuario “desde el primer momento”, además de que la internación no sea decidida sólo por el psiquiatra.
El tercer punto candente es la independencia del órgano revisor, que solicitan las 54 organizaciones que integran la CNLSM. “Si no se hicieran los cambios en abordajes y prácticas que garanticen derechos que son fundamentales, el órgano revisor necesariamente tendrá que ser independiente y autónomo, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, que realizó una investigación sobre todos aquellos procesos de países que hicieron transformaciones en la legislación de salud mental y concluyó que lo mejor para garantizar los derechos de los usuarios es que esos órganos estén por fuera de la órbita política”, consideró Núñez.