En su flamante papel de presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Uruguay organizó el lunes un debate abierto sobre “la violencia sexual en los conflictos como táctica de guerra y terrorismo”. El subsecretario de Relaciones Exteriores uruguayo, José Luis Cancela, expuso sobre el tema, al que también se refirieron autoridades de la ONU y la organización Comisión de Mujeres Refugiadas. La intención de Uruguay fue “llamar la atención de la comunidad internacional” sobre el tema e “intercambiar visiones respecto de las tendencias y preocupaciones identificadas en el último informe del secretario general” de la ONU, António Guterres, explicó la cancillería uruguaya en un comunicado.
Cancela manifestó que es “preocupante” el último informe del secretario general de la organización, que “indica la persistencia de la violencia sexual, utilizada por grupos terroristas y extremistas violentos, grupos armados no estatales y ciertos actores estatales”. Agregó que las víctimas, “que sufren los efectos de la violencia sexual de forma inmediata, requerirán, cuando esto es posible, una recuperación larga y costosa, que impacta directamente en el entramado social, en el desarrollo económico, en la convivencia familiar y en todo aquello que depende de la sociedad civil para desarrollarse”. “Los costos a largo plazo de la utilización de la violencia sexual en los conflictos son mucho más profundos y complejos de lo que pueda parecer a distancia”, consideró Cancela. Dijo que debe apostarse a la “prevención y alerta temprana”, y en esta dirección, es necesario el “empoderamiento de la mujer”, así como poner “todos los medios” a disposición para combatir la violencia sexual en el marco de las misiones de paz de la ONU.
Según una investigación difundida el mes pasado por la agencia de noticias The Associated Press, en los últimos 12 años hubo 2.000 denuncias contra cascos azules y otro personal de la ONU por abuso y explotación sexual; de esas denuncias, 300 fueron por agresiones contra niños, niñas y adolescentes. En 2011, un joven haitiano denunció ante la Justicia uruguaya a cinco cascos azules por violación. La agresión fue grabada con un teléfono celular y difundida por internet. Las autoridades del gobierno uruguayo les pidieron disculpas a sus pares haitianas, y la Justicia uruguaya procesó a cuatro de los cinco militares por “violencia privada”, que el texto del Código Penal tipifica como el acto de usar “violencia o amenazas para obligar a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa”.