El nuevo presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, se reunió ayer con el directorio de ANCAP, preocupado por el futuro laboral de los 63 médicos que trabajan en el servicio médico de la empresa estatal. El 30 de junio vence el período de transición que había dado el Poder Ejecutivo para “la reconversión de los regímenes propios de cobertura médica” de ANCAP; en junio de 2016 fijó ese plazo, que prorrogaba un decreto de 2013 (llevándolo al 30 de junio de 2016) que, a su vez, prorrogaba un decreto de 2010, que había extendido la cobertura integral de los trabajadores de ANCAP (así como de los del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda) hasta el 31 de diciembre de 2013. Todo este cambio se ampara en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), creado en 2008 con el fin de comprender a toda la población. Eso, y los millones de dólares anuales que le cuesta a ANCAP mantener el servicio médico, explican la decisión del Poder Ejecutivo de terminar con sistemas exclusivos como a los que han accedido estos colectivos de trabajadores.
Lo cierto es que pese a las sucesivas prórrogas, nadie tiene claro qué va a ocurrir. “Los plazos se acortan”, dijo ayer Grecco, que le transmitió al directorio su interés por participar en la negociación. “Hay una propuesta sobre la mesa que como sindicato entendemos razonable, porque se da en el marco de la reconversión del servicio médico, cosa que compartimos, y con garantías de preservación de los derechos laborales adquiridos de todos los colegas” que trabajan en el servicio, dijo a la prensa al salir de la reunión. Pero lamentó que no se pueda avanzar en el estudio caso a caso de los 63 médicos “porque no hay una definición aún sobre la aceptación de la propuesta que está sobre la mesa y que depende de la asamblea de los funcionarios, que se hará el miércoles 21”. El Poder Ejecutivo propuso que la Asociación Española, con la que el servicio médico de ANCAP ya tiene un servicio de complementación –en servicios de internación, block quirúrgico y emergencia– asuma la tarea que cumple el servicio médico. Grecco dijo que de acuerdo a las últimas conversaciones, los médicos continuarán siendo funcionarios de ANCAP, pero aclaró que hay que profundizar. El galeno rechazó que se trate de una privatización, porque los usuarios del servicio médico de ANCAP tienen cápitas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y ya existe un convenio de complementación con la Española. “Entendemos que es razonable que el servicio se reconvierta”, comentó Grecco, y dijo que el prestador podría ser la Española o cualquier otro. “Lo que no nos parece es que la sociedad pague beneficios por encima de lo que todos tenemos en el sistema”, dijo. Consultado por la opinión de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse –que dijo que la situación “roza el privilegio”–, Grecco respondió: “Todo beneficio que esté por encima de lo que todos los trabajadores tenemos es así; comparto los dichos de la ministra”.
El punto de vista de la Federación ANCAP (FANCAP) es otro. Su presidente, Edwin Villero, reconoció en diálogo con la diaria que existe la complementación con la Asociación Española, y dijo que los funcionarios integran el SNIS, pagan órdenes y tickets. Pero dijo: “No es real que no haya privatización”. El gremio rechaza que todo el servicio pase a un prestador privado, porque el de ANCAP hace un “seguimiento de la salud de los trabajadores en función de la industria petrolera y cementera”, algo que ha hecho durante 62 años, remarcó. Acusó, además, que se vaya a beneficiar a la Asociación Española con las 3.200 cápitas –que hoy ya tiene–. Por eso pedirán que se licite. FANCAP está dispuesta a que un privado se encargue de todo lo que hoy no cubre –además de lo mencionado, están los análisis y estudios que se contratan a laboratorios privados–, siempre y cuando el seguimiento quede en manos del servicio de salud de ANCAP y la gestión técnica sea mixta. La propuesta, tal como está, no la aprobarán en la asamblea del 21, adelantó, y dijo que esperan que el Ejecutivo la flexibilice. Hasta ahora la Española le devuelve a ANCAP parte de las cápitas que no usa, pero para cumplir con la atención el ente desembolsa millones de dólares anuales. Villero dijo desconocer la cifra, y que a veces el ente habla de 6.000.000 de dólares anuales, y otras de 1.500.000. Justificó ese gasto por el perjuicio de trabajar con derivados del petróleo y del cemento, que requieren hacerse estudios de manera inmediata. Según Villero, el servicio atiende a 3.200 funcionarios –incluyendo a los jubilados–, cubriendo a aquellos que viven en el área metropolitana; de esos 3.200, unos 2.000 están en el área de producción.