“Oposición constructiva” se titula un comunicado emitido ayer por la senadora nacionalista Verónica Alonso, que anuncia que hoy a las 14.00, junto al diputado Pablo Iturralde, se reunirá con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en la sede de esa cartera para presentarle una “batería de proyectos de ley” con el propósito de establecer la obligación de trabajar a las personas privadas de libertad que están recluidas en las cárceles de todo el país.
Según el comunicado, la legisladora promueve una serie de “beneficios fiscales” a aquellas empresas que “opten por sumarse al proyecto laboral hacia los reclusos”. Concretamente, propondrá que las empresas que se instalen en los centros penitenciarios y contraten a presos como mano de obra puedan obtener los beneficios fiscales que “surgen de la Ley de Zonas Francas”. La senadora asegura que “varios países tienen dispuesta la obligación de trabajar a las personas privadas de libertad”, entre los que enumera a Brasil, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, Finlandia y Japón, entre otros.
Este tema ya tuvo un impulso en marzo de este año, gracias al propio Bonomi. El jerarca había explicado entonces que enviaría un proyecto de ley estableciendo la “obligación” de trabajar para los reclusos, pero no de forma forzada, sino “adquiriendo beneficios si [el recluso] trabaja, y perdiendo si no lo hace”. El proyecto, sin embargo, aún no fue enviado al Parlamento. En esa oportunidad, el jerarca había recordado, en declaraciones recogidas por Montevideo Portal, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “obstaculizó un proyecto porque pedía que se incluyera la licencia”. Según dijo Bonomi en aquel momento, la licencia “es un derecho laboral en situaciones normales, pero en situaciones de excepción tiene que tener algunos elementos diferentes”. Además agregó que “para una persona privada de libertad, salir a trabajar significa un beneficio, y darle la licencia es quitarle un beneficio porque significa devolverlo a la celda”.