Amnistía Internacional emitió ayer un comunicado en el que repudia las amenazas de muerte realizadas por el “comando Barneix” contra autoridades, operadores de la Justicia y defensores de los derechos humanos. Además, exhorta al Estado uruguayo “a brindar protección” a estas personas y pide que se investigue. Las amenazas fueron denunciadas el 25 de mayo en la sesión 162 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Buenos Aires. Amnistía Internacional señala que “pese a esta grave denuncia, el Estado uruguayo no asistió a esa sesión”.
“También preocupa a Amnistía Internacional el incumplimiento de la parte ‘D’ de la sentencia Gelman acerca de garantías de no repetición (Corte Interamericana de Derechos Humanos, febrero de 2010) respecto de ‘adoptar las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales’”, señala el texto. Además, inquieta a la organización “la falta de conocimiento sobre las medidas para garantizar la integridad del equipo del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF)”, que, en marzo de 2016, sufrió “la sustracción de material confidencial sobre causas judiciales y otras investigaciones, en tanto que sus integrantes recibieron mensajes intimidatorios”.