La organización de ex presos políticos Crysol envió una carta al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a raíz de lo sucedido durante el reconocimiento de las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 de Laguna del Sauce, ordenado por la jueza letrada de 4º Turno de Maldonado, Adriana Morosini. La magistrada, el fiscal, abogados y denunciantes entraron al cuartel el viernes en el marco de la causa que investiga una serie de denuncias por “secuestros, torturas y desapariciones parciales” perpetradas en esa unidad del Ejército durante la última dictadura. “Al llegar al cuartel, la comitiva se encontró con un grupo de uniformados antimotines esperándolos y con ostentación innecesaria de armas. Sin dudas, con claros propósitos de generar temor y amedrentamiento a quienes debían realizar la tarea, siempre dolorosa para las víctimas, de reconocer lugares traumáticos. Tarea que han asumido para que situaciones como las vividas nunca más vuelvan a repetirse”, relata la misiva, dirigida al ministro Jorge Menéndez, a la que accedió la diaria. Según informó este periódico el lunes, la jueza debió ordenar que los efectivos, que portaban cascos, escudos y palos, de forma similar a un escuadrón de la Guardia Republicana, se retiraran, para poder efectuar la actuación.
Crysol plantea en la carta que “el hecho es revelador de una actitud negativa por parte del Jefe del Batallón que no puede ser ignorada ni pasada por alto, ya que no tiene que ver con el pasado sino con el presente actual”. Por esta razón, solicita al MDN que se recuerde a los comandantes en jefe de las tres armas “que su obligación es colaborar con el Poder Judicial de acuerdo a las normas constitucionales”, y que se proceda “a aplicar la sanción más severa que pueda corresponder al Jefe del Batallón por obstaculizar la actuación del Poder Judicial”. “La dictadura cívico militar fue una gran tragedia nacional, en múltiples planos, cuyas secuelas perduran hasta el día de hoy. La investigación y castigo de las graves violaciones a los derechos humanos, tal como lo señala la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, es la base para impedir que las mismas vuelvan a ocurrir. El Poder Judicial debe poder cumplir con sus obligaciones sin obstáculos y los denunciantes, apoyados, respaldados y protegidos por el gobierno”, concluye la carta del colectivo, fechada el 7 de junio.