Un día después de haber sido desalojada del juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, que estaba ocupando, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) contraatacó ayer y ocupó el Palacio de los Tribunales, el edificio del Poder Judicial ubicado en la plaza Cagancha, frente al Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justicia. La medida, según un comunicado del gremio, es una continuación de las que se han tomado esta semana y “en espera de respuestas” a los “justos reclamos” de AFJU, que incluyen el pago de los aumentos que, a su juicio, les adeuda el Poder Ejecutivo por el “enganche” salarial producido durante el gobierno de José Mujica; la designación de un fiscal por parte del gobierno para estudiar la inconstitucionalidad del artículo 733 del Presupuesto de 2015 (ya decretada por la Suprema Corte de Justicia para otro caso), y el artículo 15 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, a estudio en el Parlamento. Este último artículo establece que, cuando se trate de sentencias judiciales, el Ejecutivo “podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible [...], salvo que ello afecte la atención de los servicios a su cargo”. De ocurrir esto, el artículo determina que el Ejecutivo “quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales”. Al cierre de la edición de ayer, los funcionarios judiciales continuaban la ocupación del edificio, y si bien ya había llegado una intimación del Ministerio del Interior para su desalojo, este todavía no se había producido.
Ayer el sindicato también decidió realizar un paro de 48 horas a nivel nacional, sin guardia gremial, que durará desde hoy hasta el viernes, explicó el dirigente Sandino Schiavone.