Los funcionarios judiciales protagonizaron ayer una peculiar manifestación frente a la Torre Ejecutiva. Sobre las 14.30, los trabajadores se instalaron en la plaza Independencia, pusieron montones de expedientes en el piso y se colocaron máscaras con la cara del presidente Tabaré Vázquez.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) pide que se designe un fiscal para que defina si el artículo 733 de la Ley de Presupuesto de 2016 es constitucional o no. El enfrentamiento con el gobierno se originó por las deudas salariales resultantes del “enganche”. La Justicia, en 2015, falló a favor de los más de 3.000 trabajadores en segunda instancia. Casi de inmediato, el Poder Ejecutivo introdujo ese artículo, que establecía un procedimiento administrativo que habilitaba al Poder Ejecutivo a pagar las condenas contra el Estado una vez que se aprobaran los recursos necesarios en las futuras leyes presupuestales, para que este “efectúe las previsiones correspondientes”. Eduardo Silveira, secretario general de la AFJU, dijo a la diaria: “La designación está pendiente desde noviembre del año pasado. Es un expediente administrativo que está en Presidencia. Hemos mantenido algunas entrevistas [con las autoridades] y nos dijeron que no tenían el objetivo de trancar, pero la realidad es que la designación no se produce”, señaló. La norma ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, pero para un recurso presentado por una trabajadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.