El gobierno envió un proyecto de ley al Parlamento para renovar hasta 2021 su facultad para encomendar a militares el cumplimiento de “funciones transitorias” de guardia perimetral en las cárceles del país.
El proyecto justifica el plazo hasta el 1º de febrero de ese año en que hasta esa fecha rige el “plazo establecido” para la creación como servicio descentralizado del Instituto Nacional de Rehabilitación, tal como había sido acordado por la comisión multipartidaria sobre seguridad que sesionó el año pasado en la Torre Ejecutiva, según se lee en la exposición de motivos.
Las fuerzas armadas brindan este servicio desde 1997, cuando el presidente era Julio María Sanguinetti. En una entrevista con En perspectiva realizada en 2015, el actual ministro de Defensa Nacional, por entonces subsecretario de dicha cartera, recordaba que en ese año se le había pedido “como excepción” hacer esa guardia para “poder acompañar la actividad que realizaba el Ministerio del Interior”. “Eso vino aparentemente para quedarse; nosotros deseamos trasladarlo a quien debe realizar la tarea, pero allí se desempeñan más de 600 funcionarios en la guardia perimetral de ocho centros de reclusión”, señaló el jerarca.
Esta guardia perimetral había sido prorrogada por última vez en 2015, con una ley que extiende hasta el 1º de julio de este año la facultad al Poder Ejecutivo para encomendársela a los militares. Cuando el tema fue tratado en la Cámara de Senadores durante aquel año, el frenteamplista Rubén Martínez Huelmo sostuvo que en la comisión especializada se consignó que “seguramente en el futuro también la guardia perimetral que está a cargo del Ministerio de Defensa Nacional dejará de efectivizarse, y para eso el Ministerio del Interior está armonizando todas las medidas necesarias para crear un escalafón especial dentro de la institución para cumplir con esas funciones”. En tanto, el senador nacionalista Jorge Saravia había dicho que le parecía muy bien que “a partir de 2017 la policía militarizada o los cuerpos especiales que se puedan crear se hagan cargo de este tipo de guardias”. “No compartimos la idea de que la Policía controle a quien detiene, porque esa función implica un vínculo directo y ello puede ser peligroso hasta para la familia”, había sostenido en ese momento, para luego proponer que “de aquí al 2017 podríamos abocarnos a la discusión de este tema”.