Funciona en el tercer piso de un edificio de la calle Convención. Cuenta con un equipo de historiadores, antropólogos y archivólogos. la diaria recorrió las instalaciones del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), el organismo autónomo e independiente creado hace dos años por el presidente Tabaré Vázquez que tiene como objetivo investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Los miembros del GTVJ se desempeñan en forma honoraria y son Susana Andrade, Mario Cayota, Ignacio Errandonea, Macarena Gelman, Felipe Michelini (actual coordinador), Ademar Olivera y Pedro Sclosfky. la diaria conversó con algunos de ellos, que pusieron como condición no ser individualizados.
Durante 30 años, los militares y ministros de turno dijeron que no había archivos relacionados con la dictadura, subrayaron los integrantes del GTVJ, pero a partir de 2015, gracias a una orden de Presidencia que llegó al entonces ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, se pudo tener acceso a varios archivos militares, por ejemplo, a los del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), en donde hay más de 870 biblioratos y miles de fichas que los investigadores del GTVJ están copiando para digitalizar.
El gran tema es que el tiempo pasa, los protagonistas que tuvieron responsabilidades en el terrorismo de Estado se mueren y, mientras más archivos se abren, se necesita más tiempo y más investigadores. Pero desde el GTVJ indicaron que no “no sólo faltan recursos humanos, sino también peritos que puedan orientar la investigación”. “Aparte, es fundamental tener la misma cabeza en todos los archivos, porque si mañana desembarcan 300 personas acá, no vamos a avanzar, va a ser un caos. Para ejemplificar con números, del denominado “archivo Berrutti” (documentos requisados en 2006 por la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti) están digitalizados 1.400 rollos –microfilm– de 3.074, pero todavía se sigue buscando los que faltan para completar la serie. Además, cada rollo representa 3.000 páginas. A su vez, el GTVJ está por iniciar el relevamiento de parte de los archivos de la Fuerza Aérea, en los que hay “100 metros de papeles”. Por lo tanto, deben entrar a los archivos de forma ordenada, no sólo para relevar los documentos que encuentran, sino también para analizar qué falta y por qué.
“Humanamente, nadie se puede poner al día respecto de lo que no se hizo durante 30 años. El grupo de trabajo se ve sobreexigido por la realidad de que el Estado ocultó y mintió; entonces, una vez que se abren los archivos, [el trabajo que eso implica llevar a cabo] te satura”, subrayaron.
“Muchos abogados de organizaciones que después dicen que somos inoperantes vienen a consultar estos archivos, y está muy bien que lo hagan. Sobre la base de la documentación que hay aquí es que ellos hacen sus acciones y se presentan ante los juzgados. Así que, en realidad, es una extraña inoperancia, porque nosotros ofrecemos lo que está dentro de nuestras facultades”, señalaron. Además, indicaron que hay que partir de la base de que son “archivos de los años del terrorismo de Estado, fabricados y hechos por los propios terroristas de Estado”, lo que significa que no necesariamente se pueden tomar como “la Biblia, o que todo es verdad”.
El antropólogo José López Mazz, que estuvo a cargo de la búsqueda de restos de desaparecidos durante diez años, hasta que renunció en 2014, dijo a principios de junio a Montevideo Portal que una decisión política de Presidencia le dio prioridad al trabajo con documentos históricos en detrimento de la búsqueda de restos de desaparecidos.
Desde el GTVJ dijeron que López Mazz “demuestra que no sabe de qué habla”, ya que “las excavaciones no se detuvieron por decisión del GTVJ ni de los antropólogos, y menos del presidente”. En el Batallón 13 apareció un “artefacto explosivo” y al juez le pareció que era “peligroso para los antropólogos”, por lo tanto, decidió “suspender las excavaciones hasta que hubiera garantías de que no habría más explosivos”. Así las cosas, los integrantes del GTVJ subrayaron que están esperando la decisión del juzgado de recomenzar las excavaciones en el Batallón 13.
Además, aseguraron que la búsqueda de los desaparecidos se ha continuado, pero si no se han encontrado más restos es porque no hay declaraciones sobre los lugares en donde podrían estar enterrados. Enfatizaron que esa información tiene que ser proporcionada “a nivel oficial por las Fuerzas Armadas”.
“El Batallón 14 tiene 400 hectáreas, por lo tanto, si no hay alguien que diga ‘el cuerpo está acá’, hay que dar vuelta 400 hectáreas. Si no hay declaraciones expresas, como las que hubo en la mayoría de los casos [en los que se encontraron restos], lleva mucho tiempo”, concluyeron los integrantes del GTVJ.