El miércoles se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República una mesa organizada por el Centro de Estudiantes para debatir sobre la lógica empresarial en la gestión de centros de privación de libertad. Participaron el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, el sociólogo Rafael Paternain, la psicóloga María Ana Folle y Mauro Tomasini en representación del Servicio Paz y Justicia (Serpaj). La actividad se llevó a cabo en el marco de la discusión por la construcción de la Unidad Punta de Rieles, una cárcel con 2.000 plazas que se levantará cerca de donde funciona la actual prisión de Punta de Rieles, y cuya particularidad es que se trata de un proyecto concretado en el marco de la Ley de Participación Público-Privada (PPP), aprobada en 2011.
El comisionado parlamentario dijo que la presencia de lo privado “no es mala de por sí ni anula la participación del Estado”, y que hay que “estudiarlo y aprovechar la inversión y el esfuerzo, para que funcione de la mejor manera posible”. Sin embargo, se plantean interrogantes. Uno tiene que ver con cómo se va a establecer el vínculo entre los funcionarios y quien esté al mando en la cárcel: “Hay que tratar de que quede bien claro cómo se maneja el poder dentro de la cárcel, el civil o el policial, la cabeza policial o la cabeza educativa”. Mencionó, además, que en vez de un centro grande hubiese sido mejor construir varios centros chicos.
Finalmente, afirmó que “la cárcel no puede quedar encarcelada en la cárcel: hablar de cárcel debería ser hablar de ciudadanía. El otro día, un dirigente del PIT- CNT dijo que hay que invertir en educación, no en cárceles, cuando en realidad el sistema carcelario tiene que ser parte de lo que se entiende por educación en un país”. La referencia era a la dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio Elbia Pereira.
Paternain comenzó su intervención afirmando que el proyecto de construcción de la Unidad Punta de Rieles deja “muchas dudas y pocas certezas”. Mencionó la existencia de otros procesos privatizadores similares y sus consecuencias, y destacó que en países como Chile se llegó a privatizaciones totales, con consecuencias graves y malos resultados. En relación con este proyecto, aclaró que “el Estado uruguayo no resigna su rol en el gobierno de las cárceles”, ya que el trato establece que el diseño, la construcción, el mantenimiento, los dispositivos tecnológicos y la alimentación quedan en la órbita privada, mientras que las cuestiones de seguridad, el modelo de tratamiento y la administración siguen estando en manos del Estado.
Paternain planteó algunas dudas con respecto al desarrollo del proyecto. En primer lugar, en torno al diseño del edificio; para el sociólogo, “no está claro cómo y quién pensó el diseño, a qué modelo responde, cómo se gestó”. En segundo lugar, sobre las relaciones entre funcionarios privados y empleados penitenciarios, cómo se impone la cuestión jerárquica y cómo será el funcionamiento, ya que en la actualidad “hay tensión entre operadores penitenciarios y policías”. Por último, manifestó su inquietud por la forma en que se van a poblar las cárceles.
Para Paternain, con este proyecto “se consolida la tendencia a la privatización, ya que focaliza al privado de libertad como una mercancía: pasa de ser alguien en depósito, incapacitado, a tener una revalorización económica”. Además, “la lógica del negocio supone que las cárceles necesitan estar llenas, lo que puede obligar al hacinamiento; el Estado paga sobrecostos y multas por el hacinamiento, así que la posibilidad cierta del hacinamiento es un excelente negocio para quien administre esto”.
Folle dio inicio a su charla afirmando que “los que más saben de esto y deberían estar acá son los presos y las presas de nuestro país”, y dijo que es necesario pensar en formas de abolicionismo penal parcial para delitos menores. Explicó que hay formas alternativas “que pueden aplicarse a nuestro país” y puso como ejemplo “el de las personas que están involucradas en el menudeo y la comercialización de drogas”. Por último, afirmó que la gestión del proyecto plantea una situación compleja, ya que es “neoliberalismo gestionado desde un gobierno progresista”.
Al cierre de la actividad, llegó el turno de Tomasini, que se centró en el concepto de “seguridad democrática”, en el cual “la política penal, la carcelaria y la criminal son sólo una parte. No el todo”. Respecto del proyecto en cuestión, afirmó que “gestiona la exclusión social, vuelve a meter a la persona privada de libertad al mercado y produce ganancia con su cuerpo”. Además, dijo que los cambios que se busca implementar en el sistema van a generar en pocos años una explosión carcelaria, debido a “las lagunas que el sistema todavía tiene” y a que, “ante la duda, se va a optar siempre por privar de la libertad”. “Las personas salen solas, no hay acompañamiento, se incapacita. [El sistema] genera subalternidad”, concluyó.