Hace cinco meses que los siete productores de La Armonía perdieron toda su producción por haberla regado con agua contaminada por altas dosis de agroquímicos que habían sido usados por un vecino, productor de maíz y soja transgénica. Han recibido apoyo estatal para retomar la producción, pero todavía falta para que llegue la cosecha. En estos 150 días no dejan de preguntarse cómo pagarán las cuentas, y ni siquiera saben cuándo podrán retomar la producción en invernáculos, a la que se dedicaban.
Eduardo Casanova, productor de 35 años, nos recibe en su casa, con su esposa, Delma, y Valentino, su hijo de 17 meses. Viven en La Armonía, zona rural de Canelones ubicada cerca del cruce de las rutas 33 y 107. En el predio, de cuatro hectáreas y media, tienen los ocho invernáculos que les dan de comer. Casanova nació y creció cerca de allí, entre Santa Rosa y San Jacinto; de chico iba al Mercado Modelo con su abuelo. Más adelante empezó a trabajar como peón con un vecino horticultor, con quien aprendió a cultivar en invernáculos, hasta que en 2002 tuvo el suyo propio, en el predio de la casa de sus padres. En aquel entonces trabajaba la tierra con una yunta de bueyes; después pasó a usar un tractor a querosén, hasta que pudo comprar uno de gasoil. Desde 2013 está en La Armonía. Con un ventarrón de setiembre perdió cuatro de los 12 invernáculos. Cuatro meses después llegó la otra debacle, de esas que ni los seguros cubren.
Casanova es uno de los siete productores de La Armonía que perdieron toda su cosecha por regar con el agua de la cañada Valenzuela, lindera a su predio. Notaron el daño a mediados de enero, cuando las hojas de las plantas que habían sido regadas empezaron a enrularse y a secarse. Según constató el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), 64 hectáreas de maíz próximas al predio de Casanova habían sido fumigadas con una dosis de picloram (herbicida) ocho veces superior a la permitida. El maíz pertenecía a Esencia del Bosque, sociedad anónima liderada por un productor argentino dedicado al agronegocio.
El MGAP organizó una conferencia de prensa, el 15 de febrero, para dar a conocer lo ocurrido. Federico Montes, responsable de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP, informó que habían detectado residuos de picloram en el agua de la cañada y en el suelo de los invernáculos. Luego de mostrar las fotos de las plantas y frutos quemados, Montes expresó que las concentraciones de picloram “son suficientes para dañar de la manera que vimos los cultivos de tomate y morrón”, y aclaró que estaban “frente a un uso irresponsable de un agroquímico por haber utilizado una dosis altamente mayor a la recomendada”.
La DGSA inició un proceso de sanción. Días atrás, Montes informó a la diaria que en cuanto se detectó la contaminación, se reunió con el productor y con la empresa aplicadora “para dejarles claro que acá había un problema de ambos”. Sin embargo, confirmó que “toda la responsabilidad le cae a la empresa aplicadora”, porque el marco jurídico actual no permite multar al productor. Actualmente el trámite continúa en la División Jurídica del MGAP, dijo Montes ayer.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) también hizo sus propios análisis, y en función de los resultados está en proceso de sancionar al productor y a la empresa aplicadora.
Por su parte, los siete productores le iniciaron una demanda civil al productor argentino, pero Casanova teme que la indemnización pueda demorar años en concretarse.
Volver a empezar
La Intendencia de Canelones (IC) resolvió apoyar económicamente a los productores, que durante abril, mayo y ahora, en junio, recibirán una partida de 25.000 pesos mensuales (75.000 en total) para cubrir los gastos mínimos. La IC también promovió la continuidad productiva, y para eso apoyó a los productores con horas de maquinaria (excéntrica), con combustible, fertilizante y semillas para que cultiven en campo mientras no puedan plantar en los invernáculos. El picloram tiene una alta residualidad en suelos, que se agrava en los invernáculos por no estar al aire libre.
Casanova plantó col, repollo, zanahoria y remolacha; dentro de un mes podrá empezar a cosechar alguno de esos cultivos. Paralelamente, continúa trabajando el suelo de los invernáculos, convencido de que el movimiento de tierra y el riego ayudarán a que el veneno se vaya antes.
A su vez, la Dirección General de la Granja (Digegra-MGAP) agilizó los trámites para que los siete productores dispongan de pozos semisurgentes, lo que les permitirá no usar más agua de la cañada. Casanova ya lo posee –otros productores tienen los trámites estancados–; tendrá que pagar 10% del valor del pozo (habitualmente se paga 20%) y 90% correrá por cuenta de la Digegra. La Dirección General de Desarrollo Rural (MGAP) les prometió dar los materiales para que cada productor se construya dos invernáculos, pero aún no los han recibido.
Según Casanova, cada invernáculo tiene una vida útil de entre tres y cuatro años, y recuperar lo invertido lleva un año entero de producción.
El MGAP tomó muestras del suelo de los invernáculos (y del agua de la cañada) en enero, abril y mayo, para avisar a los productores cuándo podrían volver a usarlos. Los resultados de abril seguían registrando picloram, había informado Montes a la diaria. Ayer se excusó de dar detalles: anunció que “los datos los estamos por entregar” y que “en breve” tendrían una “reunión final” con los productores de La Armonía para contarles sobre los resultados de residuos de picloram en agua y en suelo. Aclaró que se limitarán a informar sobre esos productos, “no [sobre] otras cosas [en las] que no tenemos nada que ver”.
Agua en cuestión
La DGSA también había tomado muestras de agua de los pozos de las casas de los productores. “Podemos confirmarles que no hay presencia de ningún agroquímico en el agua de pozo que usan los productores para consumo humano”, aseguró Montes, tras detallar que no habían encontrado rastros de picloram ni de otros tres herbicidas: glifosato, imazetapir ni 2,4D (tampoco los habían detectado en el agua de la cañada). Añadió que el MGAP también había hecho análisis de multirresiduos –para ver si había rastros de otros 75 principios activos– en el agua de la cañada y en el agua de los pozos, y que el resultado fue negativo.
El 1º de febrero la IC también había tomado muestras del agua de los pozos; los análisis hechos por la Facultad de Química se conocieron a fines de marzo, y estos sí corroboraron la presencia de agroquímicos. Fueron cinco, según informó el semanario Brecha en aquel momento: picloram, 2,4-D, 246T, un organoclorado no identificado, y quinclorato, un herbicida que se usa en cultivos de arroz. Matías Carámbula, director de la Agencia de Desarrollo Rural de la IC, dijo a la diaria que el peor resultado se dio en la casa de Casanova, donde se detectó un residuo de 2,4-D por encima de lo permitido para consumo humano, y que para el resto de los pozos la cantidad no se cuantificó. A partir de allí, la IC volvió a tomar muestras; los resultados no se conocen todavía, según Carámbula. La Facultad de Química tuvo que recalibrar sus equipos y no ha podido completar el estudio. Anunció que si se volvieran a detectar problemas, la IC ordenaría hacer estudios en todos los pozos de la zona, porque se podría ver afectada la salud de las personas.
Consultado sobre esta diferencia, Montes dijo ayer a la diaria que la Facultad de Química había analizado otros productos que no estaban dentro del paquete que ellos habían estudiado. Sobre la diferencia respecto del 2,4-D, respondió que “puede pasar” que se detecten residuos en alguna muestra, y que depende de dónde se haya sacado.
Antes de conocer esos análisis, Casanova había dejado de tomar el agua del pozo que está pegado a su casa, porque le sentían un olor desagradable cuando se bañaban. Ahora lo clausuraron totalmente. Para cocinar y bañarse sacan agua del nuevo pozo; para beber, compran agua embotellada.
Próximas cosechas
La cañada Valenzuela es afluente del arroyo Canelón Chico, que, a su vez, desemboca en el río Santa Lucía. El hecho de que cada productor tenga ahora –o en un futuro próximo– su nuevo pozo no liquida el problema. ¿Cómo se sabrá si el agua no tiene altas concentraciones de agroquímicos? Carámbula respondió que el MGAP y la Dinama se comprometieron a seguir haciendo monitoreos de calidad del agua de la cañada, y agregó que el objetivo de la IC es comenzar a medir la presencia de esos residuos. Afirmó que “en caso de que sigan apareciendo productos”, la IC hará “un monitoreo más permanente” y, si los resultados que se esperan no son buenos, no se descarta dictar una medida cautelar hasta que no se mejore la situación de la cañada.
La IC trabaja en la elaboración de un plan de ordenamiento rural del departamento. Problemas como el de La Armonía evidencian la necesidad de regular lo que ocurre en el campo del departamento con mayor número de productores familiares. Carámbula aclaró que la IC parte de la idea de “no prohibir” ningún cultivo, pero sí se maneja la posibilidad de crear áreas de amortiguación sobre los cursos de agua, productores linderos y habitantes del medio rural. La intención es “que pobladores del medio rural disperso de Canelones puedan ser reconocidos como pobladores con derechos, como son los pobladores urbanos”, dijo Carámbula. Actualmente, las normas permiten la fumigación a una distancia mayor a los diez metros de un curso de agua, y ese es otro de los puntos que propone rever el plan de ordenamiento rural que se está discutiendo.
“Si no defienden a los productores chicos, en un par de años, ¿qué le van a dar de comer al pueblo?”, se pregunta Casanova, que además advierte que es de los pocos productores de su edad en la zona. Todo el que puede, estudia, busca un empleo en la ciudad y deja el campo, explicó.