“Toda actuación relativa a la discriminación debe plantearse desde una óptica de detección y actuación en la fase más precoz posible, a fin de evitar la cristalización de los conflictos y, sobre todo, de minimizar sus consecuencias para las personas afectadas”. Así dice el primer párrafo del borrador –en construcción, aunque avanzado en la discusión– del protocolo de acción ante situaciones de discriminación por razones étnico-raciales, elaborado por un grupo de trabajo en el que confluyen representantes de los tres poderes del Estado y de organizaciones sociales.
El grupo sesionó ayer en Florida. La sede fue elegida por “la voluntad política” del intendente Carlos Enciso para “empujar este tema” en el Congreso de Intendentes y en su propia comuna, dijo el director de la Unidad Étnica Racial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Romero Rodríguez. La diputada frenteamplista Lilián Galán explicó que si bien el grupo se formalizó en los últimos meses, a partir de un decreto presidencial [de hecho, es una subcomisión de un grupo de trabajo sobre políticas de equidad racial conformada a partir de ese decreto], sus miembros “tienen una larga trayectoria” de trabajo en conjunto. El Poder Ejecutivo participa no sólo mediante la Secretaría de Derechos Humanos, sino también mediante los ministerios de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social (MIDES) y del Interior. También participan el Poder Legislativo, por medio de la Escuela de Gobierno, y el Poder Judicial, representado por Luis Charles, ministro del Tribunal de Apelaciones. Al trabajo se sumó la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
Vamos a organizarnos
“La de hoy es una jornada histórica, porque por primera vez se configura en la mesa de trabajo un protocolo contra las víctimas de racismo”, dijo a la diaria el embajador Romero Rodríguez. El protocolo, basado en la ley 17.817 de setiembre de 2004, es una herramienta considerada “fundamental en el camino hacia un sistema de protección a víctimas de racismo”, apuntó el representante de Mundo Afro, Néstor Silva.
Es que si bien hay varios organismos estatales que reciben denuncias, no hay un marco común de actuación, y faltan mecanismos de coordinación interinstitucional para procesarlas, explicaron los miembros del grupo de trabajo.
“En el Estado –apuntó Miguel Pereira, de la Division DDHH del Mides– hay diferentes organismos que recepcionan denuncias, que las derivan, pero no tenemos, hasta el momento, un ordenamiento adecuado del procedimiento, más allá de las referencias que tiene la Comisión Honoraria o que tiene la INDDHH. La propuesta de este sistema es dar respuesta a esa necesidad. El protocolo es un mecanismo más de ese sistema que se intenta generar en clave de política pública”.
Consignas y etapas
El protocolo, que cuenta con un capítulo de procedimiento de actuación y otro con la descripción de las etapas que deberán atravesar las denuncias, enfatiza en la necesidad del “respeto y protección” a las personas implicadas, cuidando “la intimidad y la dignidad” de cada una, así como garantizando la confidencialidad, la diligencia, el trato imparcial y justo, y las garantías jurídicas.
Independientemente de la vía por la cual ingrese la denuncia, los diferentes organismos que trabajan en la materia serán enterados “para unificar las informaciones”, y ante un caso de discriminación en el ámbito laboral se informará además a la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Luego de una etapa en la que el denunciado puede presentar descargos y el denunciante hacer aclaraciones, se evalúa la pertinencia de una instancia de mediación, y se podría elevar el caso a consideración de la INDDHH, para que esta actúe. También, si la conducta puede configurar delito, se presentará la denuncia ante el Poder Judicial.
La última etapa es la de un dictamen de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, que, según la aspiración del grupo, “deberá ser preceptivamente considerado por las autoridades que deban resolver sobre los asuntos comprendidos en su competencia”.
Esa cosa tan de siempre
“50% de los casos de discriminación se refieren a discriminación racial”, explicó Alicia Saura, de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Entre los casos de discriminación racial, 90% son de vulneración a los derechos de los afrodescendientes. Por eso, dijo Romero Rodríguez a la diaria, “la intención de las políticas de Estado es comenzar a desestructurar aquellos bolsones que existen sobre el tema del racismo, sobre todo en cuanto a afrodescendientes”. “La consecuencia de la discriminación racial en América Latina es un profundo desconocimiento del otro. No conocer la otra cultura, no aceptarla”. Ante las insistentes preguntas, de periodistas locales relativas a situaciones de discriminación, Rodríguez destacó las que ocurren en la edad escolar, las que sufren las mujeres afrodescendientes y las “ahora incrementadas en las redes sociales”, pero enfatizó que “muchas veces se confunde la discriminación con el racismo. La discriminación es producto de un racismo estructural”, cimentado “desde la época de la colonia”. Rodríguez cree que “Uruguay ha avanzado muchísimo en el combate a la discriminación racial. Ahora entramos en la etapa de ver cómo desestructuramos el racismo. En eso estamos”.