Ayer, tras una nueva instancia de negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) entre representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA) y empresarios de Arrozal 33, se arribó a un acuerdo que implica el reintegro paulatino de todos los trabajadores despedidos y enviados a seguro de paro, según explicó a la diaria el sindicalista Richard Olivera. El representante del SUTAA no quiso brindar detalles del acuerdo alcanzado para “no perjudicar la negociación” con la empresa, que va a continuar. La delegación del SUTAA que concurrió a la tripartita fue acompañada por una movilización de trabajadores hasta las puertas del MTSS.
En abril, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) multó a Arrozal 33 con 50 unidades reajustables (unos 50.000 pesos) por incumplir con una intimación de trasladar a los trabajadores en vehículos apropiados para las tareas en el establecimiento. La IGTSS constató que la empresa trasladaba a los trabajadores en camionetas sin agarraderas, lo que provocó que en una ocasión se cayera una trabajadora. La situación fue abordada recientemente por la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, y uno de sus integrantes, Gerardo Núñez, visitó el arrozal junto a una delegación del PIT-CNT; allí constataron “severos problemas de seguridad laboral”, según un informe que presentó el legislador a sus colegas.
Además, detectaron que la fumigación se hace “desde avionetas, con herbicidas y agrotóxicos, en el campo en el momento en que los trabajadores se encuentran desempeñando sus labores”, entre otras irregularidades.
Olivera se mostró conforme con el acuerdo y dijo que este “llevará más o menos la situación a la normalidad”. Una de las medidas que tomaron los trabajadores durante el conflicto fue la instalación de una carpa frente al establecimiento, que una noche de principios de mayo fue incendiada por desconocidos cuando no se encontraba nadie en ella.