No está fácil para los apicultores. El fuerte incremento del agronegocio que ha vivido Uruguay en los últimos 15 años ha cercado ese sector económico. La Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) ha estado recorriendo comisiones de la Cámara de Diputados para transmitir la situación del sector, que es además indicadora de la salud del ambiente y de la población. En marzo fue a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca; el 12 de julio fue a la de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y ahora planea ir a la Comisión de Salud Pública.
Ruben Riera, presidente de la SAU, informó a la diaria que el principal planteo es por “la liberación no controlada de agroquímicos al medioambiente”. Explicó que esa liberación “ha bajado las posibilidades de alimentación de la abejas, particularmente por el uso de herbicidas” y que “ha impactado en su sobrevida y capacidad funcional, porque muchos son insecticidas letales a corto plazo, y otros afectan el comportamiento de las abejas generando desorientación, pérdida de memoria, tanto del olfato, como del gusto, y que eso genera problemas a la hora de recolectar alimentos”. Comentó que eso ocurre, particularmente, con los insecticidas neonicotinoides, como el tiametoxam y el sulfoxaflor.
El sulfoxaflor ha sido motivo de discordia entre la SAU y la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA). Riera explicó que ese insecticida “se introdujo recientemente y se sigue ampliando el número de habilitaciones”, pese a que la SAU planteó en el Grupo Asesor en Fitosanitarios y Abejas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que no se hiciera, por las consecuencias en las abejas. “El día que presentamos esta discrepancia con el MGAP, el 14 noviembre [de 2016], el director técnico de la DGSA disolvió la reunión, y las reuniones que manteníamos mes a mes quedaron suspendidas”, ilustró Riera.
Amenazas y soluciones
El otro gran frente de batalla es el glifosato, porque, además de limitar las fuentes de alimentación de las abejas, ha provocado un problema comercial “severo”. En setiembre de 2016 un importador alemán detectó que las mieles uruguayas contenían residuos de glifosato por encima de las 50 partes por billón (ppb), límite permitido en Alemania. “Eso motivó que hayamos perdido el mercado alemán. Es muy poca la miel que entra. Alemania nos compraba 90% y ahora nos compra 15%; hemos bajado una sexta parte. Alemania era nuestro mejor comprador en términos de volumen y de precio. Venderla a precios más bajos y conseguir mercados, con la competencia de China, hoy no es tan simple”, explicó Riera. Agregó que la SAU discrepa con el ministro Tabaré Aguerre, quien ha dicho que la objeción fue puesta por privados, porque a él no le llegó ningún reporte oficial: “No nos preocupa si el rechazo de los contenedores fue informado o no oficialmente al ministerio; es una forma de lavarse las manos, el hecho es real. El ministerio tiene que reconocer que el problema existe y que genera impacto negativo muy grande en el sector”. Reprobó, además, la solución que busca impulsar el MGAP de relegar la apicultura a las zonas a las que no llegue el glifosato, porque implica el traslado del apicultor y es una medida provisoria, que se mantendrá hasta que se vea cercado por otro emprendimiento similar.
Riera comentó que el 4 de julio el subsecretario Enzo Benech concurrió a una reunión convocada por la Mesa Apícola de Colonia, en Tarariras, para presentar un estudio que, a largo plazo, monitorea el glifosato en mieles, para saber cuál es la vía de llegada del herbicida al producto. Dijo que, de acuerdo con el informe, “de 21 muestras de miel sólo dos estaban por encima de 50 ppb, pero fue una presentación verbal sin ninguna documentación que lo avalara. Cuáles son los niveles de glifosato en las áreas del entorno de los apiarios es algo que no supimos”.
“De la forma en que se están liberando estos agroquímicos, pedimos que, por lo menos, exista una estrategia de monitoreo, no sólo de residuos en los alimentos, incluida el agua, sino también de vigilancia de eventuales efectos secundarios de estos agroquímicos”, planteó Riera, quien además es médico y ha seguido las investigaciones que ligan la exposición a plaguicidas con el aumento del cáncer y las malformaciones fetales.
La SAU pide que haya estudios de exposición humana al glifosato por medio de análisis de orina: según Riera, cualquier ciudadano del ámbito rural tiene derecho a saber, por ejemplo, qué impacto ha tenido el hecho de haber vivido años en las proximidades de plantaciones de soja.
La SAU reclama además que el MGAP, en conversación con la Facultad de Agronomía y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, “desarrolle un modelo agroproductivo que implique un manejo integrado de plagas con una disminución de las cargas de agroquímicos sobre los campos”, algo que hacen “Estados Unidos y Europa, pero no vemos que se vaya en ese sentido”.
Designación oficial
Hoy volverá a reunirse la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola con la nueva conformación que dispuso el Poder Ejecutivo el 14 de julio. El presidente es Julio Nino Pintos, apicultor y ex intendente de Paysandú, que concurre en participación del MGAP. La SAU se había retirado en noviembre de ese ámbito, porque no tenía designación oficial desde 2014, y llevaba ya tres años pidiendo la regularización, explicó Riera a la diaria.