El vicepresidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU), Daniel Fernández, dijo que la organización pedirá al Ministerio del Interior (MI) una opción para que los comerciantes puedan contratar personal de seguridad profesional.
“Nosotros no pedimos que [los policías] trabajen 14 horas, pedimos que autoricen una, dos o cuatro horas. El comercio general necesita la protección de ellos”. Fernández dijo que en la actualidad, “de una manera o de otra, todos tenemos algún guardia de seguridad. Lo justo es que el gobierno legalice el 223 con un decreto o con algo”. La Ley Orgánica Policial, 19.315, dice en el artículo 37, inciso F, que el personal policial tiene prohibido “realizar tareas de vigilancia, custodia o asesoramiento en materia de seguridad, fuera del ámbito del Ministerio del Interior”.
El miércoles, Jorge Vázquez, ministro interino del Interior, anunció que se inspeccionará a los comercios para corroborar que no contraten policías en forma irregular; además, la cartera denunció, en el Juzgado Penal de 12º Turno, al dueño del comercio en el que murió el policía Wilson Coronel. En una conferencia de prensa, Vázquez criticó a “los empresarios y comerciantes que buscan mano de obra barata para poder cuidar sus intereses”.
Fernández dijo que las declaraciones de Vázquez buscan sacar el foco de “un crimen atroz” para centrar la atención en los comerciantes. También señaló que las palabras del jerarca fueron “fuertes” y poco oportunas.
Sobre la responsabilidad de tener una persona armada dentro de un local, dijo: “¿A quién va a contratar un comerciante para que lo cuide? ¿A un estudiante de medicina? No. Contrata a un profesional que, con la sola mirada, ya se dé cuenta de que el que va a entrar es un delincuente o alguien bien”. Fernández aseguró que hay muchos robos que se evitan por la sola presencia de los policías de civil. “Los delincuentes los ven y siguen de largo”, afirmó.
Sobre la muerte de Coronel, dijo que es posible hacer muchas lecturas: “Si [el policía] procedió bien, si fue lento o rápido, si quiso evitar una balacera. Es indudable que el que tenía el arma [el delincuente] no era ningún tonto. Creo que es un tipo que sabe manejar armas, es un criminal más”, dijo.
Por un puñado de pesos
Fernández aseguró que no sabe, a ciencia cierta, cuánto les pagan los comerciantes a los policías, pero estimó que no hacen ese trabajo por 100 pesos. “A este pobre policía [Coronel] no sé lo que le pagarían, pero, fácil, se llevaría, por tres o cuatro horas de trabajo, 800 o 500 pesos que quedaban en su bolsillo”. El integrante de CAMBADU señaló que ese dinero era “plata fresca y viva”, sin retenciones ni descuentos. Fernández aseguró que los comerciantes “no pueden pagar un disparate”. “A ese comercio [la pizzería de Pocitos] le robaron 10.000 pesos, si le pagaban 800 pesos [al policía] le estaba dando 8% de su venta bruta. Cuando uno suma los números, todo es mucho”, agregó.
CAMBADU se comunicó por teléfono con “gente del comercio” para ofrecerle apoyo jurídico. Fernández dijo que “hubo una inconsistencia del comerciante al tener la puerta abierta a medianoche, cuando el negocio ya estaba cerrado”. Sobre el aumento del riesgo que se produce cuando hay personas armadas en un comercio aseguró: “Si se sale de noche, se ven guardias con armas, no en un bar, pero sí en boliches; están calzados, por lo menos para tratar de disuadir”.
Declaración
En una declaración dada a conocer ayer, CAMBADU manifestó su solidaridad con “el socio afectado, y con todos los socios que han sido asaltados, copados, robados, lesionados e incluso brutalmente asesinados en esta secuela de violencia que venimos denunciando desde hace tantos años y que en los últimos ha llegado a niveles insoportables. Esta solidaridad la hacemos extensiva a todos los comerciantes de cualquier rubro que se arriesgan todos los días para brindar un servicio a la población. Y que la población y las autoridades sepan, que los casos denunciados no son ni remotamente todos los ocurridos”. Los comerciantes dicen que militarán con todas sus fuerzas “contra cualquier intento de impedirnos ejercer nuestra defensa contra la violencia desenfrenada”. “Si se nos impide el servicio de un 222, agotaremos recursos para defendernos nosotros y a la población que depende de nuestros servicios”, sostienen. Afirman que no caerán “en la defensa y justicia por mano propia”. También dicen que ya pusieron todas las rejas que pudieron, cámaras de vigilancia, teléfonos de respuesta rápida, mejoraron la iluminación; “ahora estamos reduciendo el efectivo, contratamos todos los seguros a nuestro alcance, sin conseguir que no pase un mes sin tener que lamentar la pérdida de uno de nosotros o de uno de nuestros guardias de seguridad o de nuestros proveedores, vecinos y clientes”.