El martes, el presidente Tabaré Vázquez anunció la creación de un gabinete interministerial para analizar el funcionamiento de los proyectos de participación pública-privada (PPP). El gabinete estará integrado por el Poder Ejecutivo, la Unidad de Participación Público-Privada, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El anuncio de Vázquez volvió a poner sobre el tapete la eficiencia y pertinencia de las PPP.
Consultado por la diaria, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, dijo que las PPP son un “desastre”: “Salen carísimas, y la única ventaja que tienen para el gobierno es que la inversión de la obra no figura en la deuda externa [porque] no se saca un préstamo; [el dinero] lo pone el empresario. Después hay que pagar, y es plata que tiene que salir del Presupuesto”, dijo.
Rubio aseguró que, de haber prosperado la propuesta de remodelar el Hospital de Clínicas con un régimen de PPP, hubiera salido “tres o cuatro veces más caro”.
“Desde el momento en el que la Universidad de la República [Udelar] empezara a usar el Hospital tenían que pagar entre 30 y 40 millones de dólares por año, sólo por el uso y la obra. Era un golpe brutal al presupuesto universitario. Lo mismo pasa en la educación; la Administración Nacional de Educación Pública [ANEP] ahora larga un montón de PPP. Dentro de dos años, ¿qué van a hacer con el presupuesto? ¿Cómo van a hacer para pagar los salarios? Es una locura”. El diputado recordó que este sistema fue inventado por la ex primera ministra de Reino Unido Margaret Thatcher. “Los ingleses, al poco tiempo, se encontraron con que una parte sustancial del presupuesto se les iba en las PPP. Es absolutamente neoliberal, y no resuelve los problemas del país”, concluyó. Sobre la cárcel de Punta de Rieles, Rubio aseguró que “al gobierno le va a salir 20 millones de dólares por año durante 20 o 25 años. Es la cárcel más cara de Uruguay. Además, el mantenimiento es sólo por las roturas que sean por envejecimiento. En una cárcel las cosas las rompen los presos, por lo que el mantenimiento lo va a terminar haciendo el Estado”.
Por otra parte, el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez dijo que las PPP son un buen elemento para canalizar inversión privada. “Creo que es algo positivo porque el Estado no cuenta con el dinero suficiente como para encarar grandes obras. Lo que sí se ha demostrado es que no han tenido la agilidad que el gobierno esperaba. A lo mejor habría que cambiar algunos aspectos de la ley y ver cuáles son las cosas que están obstaculizando que puedan tener otro tipo de uso”. Rodríguez dijo que recién ahora están lanzando algunas PPP para rutas nacionales. El colorado destacó que si bien un Estado deficitario no puede hacer frente a obras de gran envergadura, después “tiene que disponer de fondos para, en los distintos ejercicios del Presupuesto, poder pagar a las empresas que hacen un desembolso”.
Sobre las propuestas de ANEP, señaló que este año pretende “construir 20 escuelas de tiempo completo, 44 jardines [de infantes] y una cantidad de centros educativos, con la posibilidad de modificaciones presupuestales en 2018. La crítica que hacemos es que tiene que ser un plan de infraestructura quinquenal, que tendría que haber arrancado en 2015”.
El diputado del Partido Nacional (PN) Juan José Olaizola dijo a la diaria que el sistema de PPP está notoriamente atrasado con relación al Plan Nacional de Infraestructura. El martes el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que se adelantó “entre 40% y 50%”, en especial en energía y telecomunicaciones. Olaizola aseguró que los peores resultados se dan en obras de vialidad y ferroviarias. “La inversión en 2015 y 2016 fue de 2.360 millones de dólares, 19% de avance. A ese ritmo no se va a llegar con el plan del gobierno en materia vial. Otro indicador, la inversión vial por millón de tonelada kilómetro –un indicador que refleja la inversión que se debe hacer en la ruta de acuerdo al uso que se le da–, es la más baja desde 2002. Esto pasó entre 2010 y 2016, y el año 2002 había sido el peor en décadas”. Según Olaizola, hay estudios que señalan que se necesitaría una inversión de entre 700 y 800 millones de dólares por año para recuperar el rezago vial. “El primer año se invirtieron 197 millones de dólares, y en 2016 fueron 244 millones de dólares: cifras exiguas para las necesidades del país. Discrepo con el ministro Astori, el sistema PPP vial viene con una ejecución muy lenta. Recién se terminaron de firmar los contratos de las rutas 21 y 24, que empezaron a negociarse durante el gobierno de José Mujica. Y va a ser terminada en el próximo período; es una PPP cuya inauguración no la va a hacer la tijera del ministro Víctor Rossi”.
Un tema que para el nacionalista no es menor es el estado de los puentes: “De los más de 700 de la red vial, 500 necesitan refacciones u obras para tolerar la carga. De esos, este gobierno se fijó para el período hacer obras en sólo 103”, concluyó.