Con diferentes estrategias y ante la indiferencia del sistema político, dos organizaciones buscan dejar sin efecto algunas de las disposiciones incluidas en la Ley de Inclusión Financiera, que establece la obligatoriedad del pago de forma electrónica para algunas transacciones, como el cobro de salarios. La finalidad es reformar la Constitución para anular estas disposiciones de la ley, y el mecanismo es recolectar 260.000 firmas para habilitar un plebiscito que se votaría junto con las próximas elecciones, en 2019. Las campañas ocurren paralelamente, proponen dos reformas constitucionales distintas e, incluso, han tenido algunas rispideces entre sí.
Una es organizada por la llamada Comisión Nacional Contra la Bancarización Obligatoria; su figura más visible es el mediático abogado Gustavo Salle, que arrancó la recolección de firmas el 22 de junio en la plaza Independencia. El jurista cuenta con el apoyo de, entre otros, el ex candidato a la presidencia del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, el periodista y director del semanario El Bocón, Jorge Bonica, y el director de la encuestadora MPC Consultores, Nery Pinatto.
Salle propone modificar el artículo 52 de la Constitución (que prohíbe la usura), incorporando un nuevo inciso para que quede “prohibida la bancarización obligatoria”, explicó a la diaria. Nicolás Álvarez, integrante de esta comisión, agregó que, tras el “tibio” lanzamiento de la juntada de firmas aquel 22 de junio, se encuentran “muy felices y entusiasmados” por los resultados logrados. Dijo, incluso, que la adhesión en el interior ha sido mayor que en Montevideo. “Estamos teniendo voluntarios en casi todos los departamentos”, aseguró. Si bien se necesitan 260.000 firmas para promover el plebiscito, Álvarez sostuvo que buscarán alcanzar más de 500.000 para presentar ante la Corte Electoral, porque “sabemos que algunas nos las van a tirar para atrás”.
La otra iniciativa nació de la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este (Crece), y ha logrado el apoyo de varias otras organizaciones, como el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, y algunas mesas departamentales de la Asociación de Escribanos del Uruguay, aseguró Tomás Casas, del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja.
Esta propuesta, explicó el empresario, busca agregar dos artículos a la Constitución, con la finalidad de “garantizar el valor cancelatorio del papel moneda”. “No nos oponemos a que existan todos los sistemas que pueda haber, lo que no queremos es que esa sea la fórmula exclusiva de comercialización. Se está tendiendo a la obligatoriedad del plástico y a que en el futuro no vaya a haber moneda, y queremos defender el sistema de pago de toda la vida por medio del papel moneda”, expresó.
El empresario aseguró que, a diferencia de la iniciativa de Crece, que lleva un proceso de ocho meses, “lo del doctor Salle fue un oportunismo absoluto y personal [...] lo hizo tras visitar el Centro Comercial de Rocha por otros temas, [...] al otro día salió a decir que iba a levantar firmas por una reforma constitucional”. Incluso, Casas dijo que “gran parte del texto de la papeleta de Salle es copia textual de la nuestra, que fue largada mucho antes que la de él”.
Según Salle, los comerciantes del este están dispuestos a aunar esfuerzos con él, incluso en base a su propia propuesta de reforma constitucional, pero para eso le han exigido que adoptara “un perfil más bajo”, en el entendido de que es una figura “resistida por los frenteamplistas” y que tiene una prédica “antisistémica”.
Esto mismo fue confirmado por Casas: “Queremos un movimiento sobre las bases de instituciones sociales sin fines de lucro y sin ningún tipo de protagonismo”. No obstante, especificó que en caso de un eventual acuerdo, se hará a partir de la propuesta de reforma constitucional impulsado por las asociaciones de comerciantes. “El tema es que para recolectar firmas se precisa infraestructura, y eso es lo que pueden aportar las organizaciones sociales. Y ahora [Salle] se dio cuenta, después de haber largado esa campaña, que no junta ninguna firma porque no tiene infraestructura”.