Teniendo en cuenta que el sobrepeso afecta al menos a un tercio de los uruguayos –niños, adolescentes y adultos–, la idea de regular los talles de la ropa que se vende en el mercado no parece una disposición general que afectaría a unos pocos. Hace una década que en el Parlamento circula el proyecto que establece que los comercios cuenten con prendas de vestir en todos los talles correspondientes a las características antropométricas de la población masculina y femenina nacional, atendiendo a la “no discriminación” y también contemplando los conceptos de salud que hay detrás de las etiquetas. El debate que se retomó en 2016 con dos nuevos textos continúa hoy, y en las últimas sesiones de la Comisión de Equidad y Género se escucharon las voces de trabajadores, de fabricantes y del gobierno.
En noviembre del año pasado, la comisión resolvió volver a tratar el tema luego de que las diputadas nacionalistas Jimena Nogueira y Pía Biestro presentaran por duplicado un proyecto de ley que retomaba el espíritu del colocado en la agenda por el ex diputado blanco y ahora intendente de Florida, Carlos Enciso. El proyecto establece la necesidad de que las industrias del rubro de la vestimenta cuenten con “prendas de vestir en todos los talles que correspondan a las características antropométricas de la población masculina y femenina”; sin embargo, parte del debate se sigue concentrando en las mujeres y su baja autoestima, como si los hombres fueran ajenos al tema.
También en la discusión se desdibuja el límite entre los daños que implican las limitaciones de etiqueta a las personas y los potenciales daños que podrían tener los comercios nacionales de un rubro declarado en crisis desde hace al menos un quinquenio. “El proyecto no intenta matar a nadie, sino favorecer a un grupo de gente que necesita vestirse y no encuentra prendas de su talla”, afirmó la diputada frenteamplista Stella Viel en uno de los encuentros de la comisión con representantes de la Cámara Industrial de la Vestimenta, a principios de junio.
“La obligación de tener todos los talles no existe en ningún país del mundo”, afirmó Ximena Caballero, funcionaria de la empresa fabricante y comercializadora de ropa Vicky SRL, quien consideró que la norma en estudio va contra el respeto a “la libertad del fabricante”. “La demanda de talles grandes a confeccionistas hoy no existe porque se trabaja con ciertos talles, y la libertad de elegir no existe”, estableció a su turno la representante oficialista Gabriela Barreiro. “Es verdad que quien fabrica se ajusta al mercado, pero entendemos que no todos los adolescentes pesan 50 kilos, sino todo lo contrario, porque tenemos problemas de obesidad en la adolescencia”. Caballero dijo que el problema del sobrepeso le es conocido, y que en ese sentido, “el cambio de conciencia empieza en casa, por ejemplo, con la cantidad de comida que se cocina”. Más allá de eso, distinguió entre obesidad y sobrepeso, y sostuvo que “las chicas” incluidas en este último grupo “encuentran talles en todas las tiendas, incluso en las extranjeras”, y ejemplificó: “Incluso, en mi tienda trabaja una chica que debe pesar más de 110 kilos, y usa los vaqueros que yo vendo”.
Por su parte, Mayte Antúnez, de la misma cámara, sostuvo que sería “estupendo” que “uno pudiera elegir una prenda y que hubiera todos los talles”, pero afirmó que “el problema es que a nosotros nos encarecería mucho los costos”. Victoria Ortiz, dueña de la empresa de venta de ropa homónima, expresó su opinión mediante una carta: dijo que “no se puede exigir fabricar un minishort para personas de más de 100 kilos” porque “nunca saldría de la estantería”, ni tampoco una musculosa de breteles “cuando las señoras de talles más grandes prefieren las prendas con mangas cortas aunque sea verano”. En resumen: “No se puede unificar todo con una frase tan simple como ‘medidas antropológicas de la mujer uruguaya’”, afirmó la empresaria.
Miradas contrapuestas
Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Mauricio Reyna, director de Administración de Regímenes Industriales y titular de la comisión asesora de la Ley de Vestimenta, que tiene un ámbito tripartito, consideró que si se produce toda la gama de talles, no sólo aumentarán los costos de producción –“por los mayores insumos”–, sino también el costo asociado al “excedente que se puede provocar si no se vende todo el stock”. Y como “todos los talles deben tener precios iguales –para que no haya discriminación por precio–, los costos se deberán licuar entre todos ellos, lo que se reflejará en un alza de precios general”, explicó en el Parlamento, al tiempo que pronosticó “un traslado de la producción local a la importada” en el caso de que se apruebe la ley que está a estudio del Parlamento.
No obstante, los trabajadores del sector nucleados en el Sindicato Único de la Aguja sostuvieron que una ley de este tipo a estudio podría “reactivar” el sector, que desde 2012 sufre pérdidas. En diciembre del año pasado, la comisión recibió, entre otros, al presidente del gremio, Ricardo Moreira, quien consideró que “es fundamental la defensa de la industria nacional y de los puestos de trabajo”, y sostuvo que el proyecto de ley “sería otra manera de aportar” a su “mantenimiento y fortalecimiento”.
“No se trata de cuestionar la importación o de limitarla, pero podría incluirse un artículo que estableciera que sólo se exonerará [de impuestos] a las empresas que, aunque no tengan absolutamente todos los talles, ofrezcan al potencial cliente la realización de esa misma prenda, con la misma tela y el mismo diseño, en el talle que necesita y en un plazo breve. Esto implicaría que las empresas contaran con el personal idóneo para hacer ese trabajo en poco tiempo. De este modo, no estaríamos limitando la importación ni tocando intereses que podrían verse afectados, sino generando puestos de trabajo”, explicó Moreira. También dijo que el proyecto puede relacionarse con la Ley 18.846, de fortalecimiento y desarrollo de la industria de la vestimenta: “Nosotros no identificamos riesgos o pérdida de puestos de trabajo, sino al revés: aumento de puestos de trabajo, de necesidad de mano de obra, que debería acompasarse con la formalidad”, afirmó.
En cambio, Ortiz consideró que hacer algo “justo” sería “imposible”, al menos “sin violar la libertad de libre comercio”. La creadora de la marca nacional Vicky sostuvo que, de tener que cumplir con esta ley, se produciría un traslado a costos, “y ahí sí que no habría modo de seguir trabajando”. No sólo notó problemas en las posibilidades de fabricación, sino también en el espacio para el stock y la exposición. En este sentido, la empresaria pidió, “en nombre de otros pequeños comercios” nacionales, que se modifique el proyecto, excluyendo de las obligaciones que están en cuestión a aquellos locales con menos de 150 metros cuadrados para sus ventas.
En una nueva comparecencia a la comisión, a principios de junio, Moreira sostuvo que “la mayor dificultad” para la aplicación de una ley de estas características estaría “en la parte comercial, no en la productiva”: “Quien produce tres talles puede producir ocho”.
Denuncias
Ya desde la época en la que se discutió el proyecto de Enciso se previó que el Área de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio (DGC) actúe como contralor y que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) sea el encargado de determinar las medidas universales de los talles de las prendas de vestir que se comercializan en el país. El jueves 6, la comisión recibió a representantes del primer organismo. Olga de Bernoche, de la DGC, sostuvo que se han recibido consultas acerca de si existe alguna norma que la proteja cuando compran ropa, pero “no son muchas”. “Una de las cuestiones más reclamadas es la posibilidad de cambio de una prenda comprada”, sostuvo. También confirmó que existen “reclamos sobre los talles”, en especial consultas sobre “si existe alguna norma que prevea esa situación”.
Sin embargo, la diputada del Partido Nacional Gloria Rodríguez sostuvo que “esas consultas no llegan porque la gente está resignada y, a veces, quiere evitar situaciones de violencia”. “Estoy segura de que son muchísimas las personas que tienen problemas con los talles” y “no es que no quieren hacer reclamos, sino que no hay dónde hacerlos, y no encuentran respuesta”.
Álvaro Fuentes, del Área de Defensa del Consumidor, sostuvo que las funciones de contralor que se le atribuyen a su oficina en el proyecto de ley “sobrepasan” sus competencias. Según dijo, la inexistencia de talles solicitados es “un tema de abastecimiento”. “Nosotros no tenemos experiencia en esa tarea”, puntualizó. Por último, dijo que para poder controlar que el talle que se informa en la prenda sea el real sería necesaria “una norma técnica que establezca las medidas de cada talle y un análisis técnico”, algo que recomendó derivar al Latu.