Mediante un acuerdo de todos los diputados que no integran el Frente Amplio (FA), la oposición acordó derogar el artículo 733 de la última ley de presupuesto, que establecía un procedimiento administrativo que habilitaba al Poder Ejecutivo a pagar las condenas contra el Estado una vez que se aprobaran los recursos necesarios en las futuras leyes presupuestales, para que “el Poder Ejecutivo efectúe las previsiones correspondientes”. La norma ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia ante un recurso presentado por una trabajadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, pero la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay viene asegurando que el gobierno está “intercediendo” en el pedido de inconstitucionalidad que ellos han cursado, mediante la no designación de un fiscal para estudiar el caso.
Otros artículos tampoco contarán con los votos de ningún legislador de la oposición. Uno de ellos es el 15, que faculta al Poder Ejecutivo a ordenar gastos para cumplir con sentencias judiciales, salvo que esto “afecte la atención de los servicios a su cargo”; y el 9, que levanta la prohibición de reingresar a trabajar al Estado para aquellos funcionarios públicos que fueron destituidos por omisión o ineptitud luego de que transcurran diez años de su desvinculación.
Al cierre de esta edición, la bancada oficialista venía analizando el articulado del proyecto de ley. “Estamos discutiendo los artículos que puedan tener observaciones por algunos de los sectores o por el Poder Ejecutivo”, indicó el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti. El FA ya cuenta con votos para los recursos tributarios que planteó: el aumento de la tasa consular será apoyado por el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, que también está dispuesto a votar la quita de exoneraciones a los juegos de azar, siempre y cuando se mantenga en la lotería nacional. “Si no, no”, aclaró.