Gerardo Núñez, diputado frenteamplista integrante del Partido Comunista, presentó a su bancada un proyecto de ley que busca regular la entrega de viáticos a los legisladores y funcionarios que realicen viajes de trabajo al exterior. Hasta ahora, esos gastos no están transparentados. En la exposición de motivos del texto legislativo, el diputado explica que “en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos los servidores públicos, incluidos los legisladores, deben estar sujetos al régimen general de transparencia y probidad” y, por tal motivo, el Parlamento debería ser “una verdadera casa de cristal”.
Con excepción de aquellas reservadas o secretas por ley, Núñez establece que “todas y cada una de las actividades” que desempeñan los legisladores y funcionarios del Legislativo –con énfasis en las misiones oficiales y en los viáticos que en ocasión de estas se originan– deberían poder ser “escrutadas y controladas” por la ciudadanía. Núñez inscribe el proyecto en esta lógica, estableciendo un “mecanismo de regulación del uso de viáticos” en el Poder Legislativo que sea “lo más transparente posible” y “mínimamente coherente” en relación con el régimen general aplicable al resto de los funcionarios estatales.
Así, el proyecto de ley, que ya entró en el Parlamento, establece que aquellos senadores, representantes y funcionarios que deban trasladarse al exterior para el desempeño de actividades afines a su cargo percibirán un viático para solventar los gastos de locomoción, alimentación y alojamiento. Y también aclara que cuando se trate de viajes que se originen por invitación de gobiernos, instituciones, organismos internacionales o empresas del exterior y para los que estos sufraguen los gastos de pasaje y permanencia, los legisladores no tendrán derecho a los viáticos, con excepción de “una partida menor para la cobertura de imprevistos”.
El proyecto determina que los días de viático equivaldrán a la cantidad de días que hayan transcurrido para el viaje y el cumplimiento de la misión, y que el monto se otorgará de acuerdo con la escala básica que fija el Ministerio de Relaciones Exteriores en función de la elaborada por la Organización de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el destino del viaje.
En otro orden, también se establece que las tasas de embarque –no incluidas en el precio de los pasajes– se abonarán “contra la presentación de los respectivos comprobantes”. El último artículo del proyecto deja en claro la obligación de “justificar los gastos, así como la devolución de remanentes, si los hubiere” dentro de los diez días corridos siguientes a su reintegro, adjuntando los comprobantes correspondientes. Y en caso de que estos no fueran “debidamente documentados”, autoriza que los montos correspondientes sean descontados de los haberes del legislador o funcionario correspondiente.