El presidente Tabaré Vázquez anunció ayer que a más tardar en la próxima semana enviará al Parlamento un proyecto de ley para contemplar la situación de los denominados “cincuentones”: aquellas personas que andan alrededor de los 50 años de edad y verán afectados sus ingresos cuando se jubilen por haber sido obligados, en su momento, a pasarse al sistema de seguridad social de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
Vázquez estuvo acompañado durante la conferencia por los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien explicó que el proyecto alcanzará a todos aquellos que hayan cumplido 50 años (o más) al 1º de abril de 2016. Esas personas, según especificó el presidente, podrán optar de forma individual por permanecer en las AFAP a la hora de jubilarse o pasarse al régimen del Banco de Previsión Social (BPS), siempre y cuando hayan cumplido “las mismas condiciones que tiene cualquier trabajador para jubilarse” por el BPS: “tener 60 años de edad y 30 años de trabajo como mínimo”.
En cambio, dijo el presidente, el proyecto no contemplará el caso de quienes ya se jubilaron. “Ese es otro tema que tendrá que ser considerado oportunamente. Por los análisis que hemos hecho y la evolución que está teniendo la seguridad social del país, seguramente en los próximos períodos de gobierno tendrá que ser atendida la globalidad del tema”, dijo el mandatario. Pocos minutos antes había explicado que el dinero que recibirá el BPS por los nuevos ingresos provenientes de las AFAP será administrado mediante un fideicomiso, “destinado exclusivamente a atender los requisitos económicos para pagar por las jubilaciones del BPS”. A ese dinero habrá que descontarle los “gastos por comisión de las AFAP”, por “el trabajo ya realizado”.
Poco antes del anuncio de Vázquez, la Asociación Nacional de AFAP dijo en un comunicado que el pasaje “a destiempo” de afiliados al BPS “no sólo es inconveniente para el afiliado, porque lo puede inducir al error, sino que generará un costo para el Estado equivalente a 4,3% del Producto Interno Bruto”. Además, se advierte la importancia de que esta opción le sea dada “sólo a la población realmente afectada por la incongruencia entre los aportes vertidos antes de la entrada en vigencia del Sistema Mixto y la que se reconoce actualmente. Extender esto a otras poblaciones alimenta la desinformación, el oportunismo y amenaza la sustentabilidad de todo el sistema de pensiones, especialmente para los más jóvenes”.