María, a sus 92 años, rememoró que el 14 de abril de aquel lejano 1977 detuvieron a Jorge Goncálvez, amigo de Humberto, a quien había visitado el día anterior. Cinco días después, unos hombres aparecieron en el local en el que trabajaba Humberto, con la intención de contratar al “muchacho que pinta”; se trataba del taller Tabaré, que había montado un año antes en su domicilio –en la calle Berto Venitre, entre Sarmiento y Uruguay– para hacer tareas de pintura y publicidad junto con Ricardo Pérez, su socio.
María precisó que su hijo les respondió a los misteriosos señores que los trabajos los tomaba con su socio, y por eso se trasladaron a otro lugar, en la calle Santa Rosa y avenida San Martín. La contratación supuestamente era para un taller “grande de publicidad”, aunque luego cambiaron la oferta inicial por otra. Ambos socios desconfiaron, sobre todo por la forma en que había surgido el contacto, pero aceptaron a pesar de las dudas. Humberto fue hasta el lugar acordado, a la salida del liceo en el turno nocturno; según María, el contacto para el trabajo era “Maggiolo”, supuesto propietario de una casa de compraventa de oro. Nunca se supo más nada de Humberto; su padre, Andrés Bellizzi, fue contactado por Ricardo Pérez cuando este notó su ausencia, y viajó a Buenos Aires, donde inició el periplo por varias dependencias policiales de la provincia.
María recordó que su marido, en primera instancia, hizo la denuncia en la Seccional 5ª de la Policía Federal. Luego se dirigió al Departamento de Asuntos Extranjeros, donde operaban el coronel Víctor Castiglioni, el comisario inspector Hugo Campos Hermida, el integrante del servicio de inteligencia S2 Carlos Calcagno, el coronel Manuel Cordero y José Gavazzo, jefe del servicio de inteligencia. El funcionario que lo atendió dijo: “Ah, un muchacho de doble apellido, acá no está”. “Por cómo recordó lo del doble apellido, quiere decir que sabían bien dónde estaba”, dice María.
La primera denuncia en Uruguay la hicieron una mañana de mayo en la embajada de Italia (eran ciudadanos italianos), tal como les sugirió Ana Barrios, prima de Gerardo Gatti. El cónsul Giampaolo Colella le tomó la declaración a la familia Bellizzi. El interrogatorio versó sobre los posibles motivos de la causa de la desaparición. Le preguntaron si era de índole política, y María contestó que no sabían de qué se trataba, porque tenían entendido que Humberto había emigrado por motivos económicos y no manejaban la posibilidad de que hubiera militado en Argentina.
Esa misma tarde, los Bellizzi siguieron el recorrido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hicieron la denuncia. Una semana después, el organismo los citó para darles una respuesta. María recuerda que fue atendida por una funcionaria que leyó una esquela: “Su hijo está detenido, pero no se sabe ni lugar ni causa”. A partir de ese momento, concurrieron varias veces a ver si conseguían alguna pista, pero no tuvieron suerte. María tenía la sensación de que los evadían: “Te hacían el cuento de que se había ido con alguna muchacha y después aparecía”. Dejaron de insistir en la cancillería y continuaron la búsqueda en el Ministerio del Interior; allí un comisario les comentó que había tres personas requeridas, pero ninguna coincidía con el nombre de su hijo.
Un mes después fueron a buscar los resultados de las indagaciones a la embajada de Italia. María, a pesar del paso de los años, retiene de forma literal los mensajes pronunciados por autoridades sobre el paradero de su hijo. Tanto los recuerda, que puede precisar de memoria cuáles fueron las palabras de Colella: “Humberto no está requerido. Admiten que lo han detenido. Se le acusa de asistir de una reunión que no estaba autorizada y nada más, quedó ahí”. María rememoró la situación: “Este señor bajó la mirada y, desde ese momento, presentí que mi hijo ya no existía”.
La única dependencia que dio respuestas sobre el paradero de Humberto fue la embajada italiana; en 1977 el propio Colella hizo las denuncias correspondientes ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Luego de transcurrido un año fue sustituido por el cónsul Carlo Alabastro. La secretaria le informó que el cónsul removido había conversado sobre el caso Bellizzi Bellizzi con Castiglioni, inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia y Enlace. “Desde ahí me quedó que Castiglioni tenía algo que ver en el asunto”, remató. Al parecer, el nuevo cónsul pidió información al gobierno uruguayo y le contestaron que no era de su incumbencia.
Detrás de la silueta ausente
Humberto trabajó para el sector de propaganda en la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE). Su hermana, Silvia Bellizzi, y su madre recuerdan que llevaba papeletas, volantes, y que siempre llegaba acompañado por algún compañero. La ROE funcionaba en el ámbito gremial y estaba conformada por dos sectores, uno estudiantil y otro obrero. En sus filas militaron dirigentes como León Duarte, Gerardo Gatti, Mauricio Gatti y Hugo Cores, entre otros.
Luis Puig, diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), fue compañero de Humberto en la ROE: “Yo le debo a Humberto ese acercamiento a una concepción de lucha que tenían las movilizaciones obreras en su centro de acción”. Puig conoció a Humberto en 1971, cuando iba al liceo 13 de Maroñas y tenía intenciones de empezar a militar en el Movimiento de Liberación Nacional. Humberto lo acercó a participar en reuniones con dirigentes sindicales, como Washington Pérez y León Duarte, obreros de FUNSA. “El sindicato de FUNSA era una escuela de militancia, una escuela de lucha. Quienes nos integramos a la ROE participamos en luchas solidarias en una cantidad de conflictos”, concluyó el diputado.
Puig también estuvo en Buenos Aires. Allí solía encontrarse con Humberto, de quien destacó su elocuencia cuando hablaban de política. El 19 de abril de 1974 detuvieron a 102 uruguayos en el Club de Box de Buenos Aires, en un acto contra la dictadura uruguaya; entre ellos estaba Humberto. “Ese documento de la detención es lo único que conseguimos, después de 40 años”, dijo su madre. A ese acto asistieron personas vinculadas al PVP, como Pablo Monito Errandonea. Según explicó su hermano Ignacio Errandonea –vocero de Madres y Familiares–, ambos se conocieron durante aquella detención. Pablo Errandonea se ocupaba de confeccionar documentación falsa en la imprenta del PVP; Ignacio lo averiguó mucho tiempo después.
“El producto PVP no es bueno, no lo consuma”, redactó Humberto en una carta que le envió a su hermana, Silvia, que luego confirmaría que, en realidad, aludía al denominado “Operativo Susy”, que se llevó a cabo en Uruguay. Dicho operativo consistió en el traslado a Uruguay de integrantes del PVP en el llamado “primer vuelo”, en octubre de 1976. Ana Inés Quadros, ex militante del frente de masas del PVP, contó que Gavazzo les propuso que firmaran unas actas en las que declaraban que regresaban de forma voluntaria para “invadir Uruguay”, a cambio de tratarlos como presos comunes. Recordó que eligieron a algunos integrantes del PVP –Sara Méndez, Sergio López Burgos y ella misma– para realizar el simulacro en el chalet ubicado en Shangrilá. “Entonces había un milico que decía: ‘¡Ríndanse!’. ‘¡No, nos rendimos!’, gritaba otro policía desde el interior del chalet”, rememoró Quadros. Con ese montaje Gavazzo probaría a Estados Unidos que existía la subversión en Uruguay, sobre todo para asegurarse de que continuaría llegando ayuda militar. También afirmó que en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, cuando la detuvieron, el 13 de julio de 1976, Cordero la torturó para que le diera datos sobre el PVP, con el objetivo de desarticularlo. Recordó que los oficiales uruguayos y argentinos discutían porque los uruguayos querían hacer el primer vuelo y los argentinos se negaban. Ana Inés aseguró que el verdadero objetivo del PVP era “volver a Uruguay y derribar la dictadura”.
Puig participaba en el frente interno del PVP; se ocupaba de enviar materiales a Uruguay “embagallados”, y “berretines” en portafolios con doble fondo. Permaneció en Argentina junto a su familia hasta 1983, y nunca fue detenido. Reconoció que existió una operación coordinada y que en el PVP se sabía que había oficiales uruguayos en Argentina. “Llegamos a la conclusión, antes del desastre, de que si hacían un buen trabajo de inteligencia íbamos a caer”, concluyó.
El diputado aseguró que nunca vio a Humberto en reuniones del PVP, y Quadros nunca lo escuchó nombrar en Argentina. No tienen total certeza de que militara porque el partido estaba dividido en subgrupos –el frente de masas, el armado y el interno–; además, todos sus integrantes usaban seudónimo para evitar ser identificados. Nadie recuerda haberlo visto implicado, pero manejaba información sobre algunos hechos antes de que sucedieran. Su hermana recordó otra carta premonitoria, que decía: “Mayo de 1975, Montevideo. Daniel Baute está internado, averigüen qué le pasa”. Al día siguiente, Silvia golpeó en su domicilio y se lo habían llevado hacía dos horas detenido. “Él sabía todo lo que pasaba acá”, añadió.
Humberto, como tantos “muchachos del barrio”, se instaló en Argentina en 1974, según su madre, “porque la situación no estaba bien en Uruguay”, debido a la inestabilidad económica y política posterior al golpe de Estado que dio Juan María Bordaberry el 27 de junio de 1973. El panorama en el Cono Sur se caldeaba a medida que transcurrían los meses por la coordinación militar implementada en el marco del Plan Cóndor.
Silvia Bellizzi confirmó que la denuncia, que se había presentado en el marco del artículo 4º de la Ley 15.848, fue desarchivada en 2002 en Uruguay. Reveló, extrañada, que Ricardo Pérez, el socio de Humberto, no fue citado a declarar, pese a que fue la última persona que lo vio con vida. “Encontrás candados por cuanto pasillo vayas”, reflexionó María Bellizzi, que cuestiona la falta de avances en la materia durante los 12 años de gobierno del Frente Amplio.
“Hace 40 años que busco a mi hijo”, declaró, a sus 92 años, durante el juicio de Roma por el Plan Cóndor, en noviembre de 2015. En octubre de 2016, en las instancias finales del juicio que se llevó a cabo en Italia, los abogados presentaron las declaraciones concluyentes de las víctimas del Plan Cóndor, y el abogado Arturo Salerni repasó el caso de Humberto sin resultados, debido a la muerte de Juan Manuel Contreras, el único acusado.
Nadie sabe qué pasó con Humberto Bellizzi. Tal vez lo trajeron a Uruguay, tal vez lo mataron en Argentina, o tal vez sus restos fueron diseminados en el Río de la Plata. Pero son sólo suposiciones, porque 44 años después del inicio de la dictadura, el Estado uruguayo mantiene y ampara un profundo silencio.