Con el voto de los 70 diputados presentes en sala a la hora de la votación, la Cámara de Diputados votó ayer el proyecto de ley de Salud Mental, que había recibido media sanción en el Senado en octubre de 2016. Como el proyecto sufrió cambios en la Comisión de Salud de Diputados, volverá al Senado.
El texto fue presentado por el diputado del Frente Amplio (FA) Luis Enrique Gallo, quien se refirió al “comprometido, democrático y consensuado” proceso de elaboración, en consulta con diferentes sectores académicos, profesionales, gubernamentales, usuarios y familiares. Gallo habló de la posibilidad de “promover un cambio histórico en el Uruguay”, por el abordaje más comunitario al que se refiere el proyecto. Explicó que este pretende “dejar atrás el estigma”, y que se podrá corregir o mejorar en un futuro.
Gerardo Núñez (FA) hizo una larga exposición y enumeró los cambios que se incorporaron en la Comisión de Salud de Diputados. Mencionó que se logró introducir una fecha límite de cierre de las estructuras asilares y monovalentes (2025); que la internación involuntaria no se hará cuando exista “riesgo de daño”, sino “riesgo para la vida”, lo que da mayores garantías para la persona; que se explicitó que el abordaje del consumo problemático de drogas tiene que ser multidisciplinar, y que la internación se haga en salas generales y no “de psiquiatría”. Detalló también “los elementos que faltan”, que, tal como recordó, han sido señalados como una carencia por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y por las 54 organizaciones que integran la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental desde una perspectiva de Derechos Humanos (CNLSM). “No se han respetado en su totalidad los estándares en cuanto a las denominaciones”, reconoció Núñez respecto del término “trastorno mental”, que si bien fue eliminado en algunos artículos, continúa presente en el texto. El término es objetado por estigmatizante, reduccionista al campo de la psiquiatría, y porque, tal como quedó redactado el proyecto, las políticas interinstitucionales de inclusión serán dirigidas a quienes tengan un “trastorno mental”. Por eso, la CNLSM se preguntó, en un comunicado de prensa emitido el lunes, si “se saldrá a diagnosticar estrepitosamente a las personas para efectivizar las coordinaciones” de políticas de interinstitucionalidad, o si “será que aquellas personas que no entren en tales categorías no tendrán acceso” a programas de inclusión social, laboral, a la vivienda, la educación y la cultura.
Núñez señaló que era necesaria una mayor explicitación del trabajo interdisciplinario a lo largo de todo el abordaje. Otro punto que cuestionó es que no se logró que el órgano de contralor previsto por el proyecto sea independiente y autónomo, como recomiendan los organismos internacionales, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud. No obstante, Núñez mencionó que se buscará crear una consejería dentro de la INDDHH para que esta pueda controlar el cumplimiento de la ley.
Diputados de la oposición también se refirieron a esos puntos que no conforman. Martín Lema (Partido Nacional) discrepó con la dependencia del órgano de revisión y defendió el proyecto de ley que presentó junto con Gustavo Penadés para crear la figura de “defensor del paciente a través de un comisionado parlamentario del Sistema Nacional Integrado de Salud”.
Quien más desarrolló los puntos en cuestión, acompañando el planteo de las organizaciones sociales, fue Carlos Pérez, de Unidad Popular (suplente de Eduardo Rubio), quien acusó que el papel de las organizaciones en la discusión del proyecto no fue “participativo sino decorativo”. Reprobó que el proyecto asegura la “privatización y mercantilización”, por los dispositivos alternativos a los manicomios que se podrían crear. Rechazó que el órgano de contralor no sea independiente y propuso crear un comisionado parlamentario “de contralor a la atención en salud mental”. Pidió explicitar mejor la interdisciplinariedad y quitar el término “trastorno mental”. El legislador no votó ocho de los 48 artículos del proyecto.
“Tenemos un sistema político absolutamente demagogo que plantea que esta ley es absolutamente perfectible, que tiene muchas mejoras para hacer y uno se pregunta ¿por qué no las hacen si este es el momento? ¿Qué esperan?”, dijo a la diaria al finalizar la votación Mónica Giordano, del proyecto Radio Vilardevoz, quien se encontraba en las barras. La psicóloga lamentó el hecho de que no se haya aprovechado el desglose de los artículos en la votación para “un debate serio”, algo que describió como un “balde de agua fría”.