La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y la dirección de esta empresa estatal estaban desde hace más de un año en conflicto por “la gestión y el funcionamiento de la empresa”, pero suspendieron el enfrentamiento después de la firma de un acta la semana pasada en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), que entre el jueves y el viernes fue aprobada en asambleas del sindicato en todo el país.
Uno de los principales reclamos del sindicato recaía sobre las tercerizaciones realizadas por OSE, que se consideraba que habían llegado a un nivel “demasiado alto”, al punto de “desnaturalizar” el trabajo de los funcionarios. En el acta firmada el miércoles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se describe un cronograma en el que, entre otros plazos, se fija abril de 2018 como “ultimátum” para la actualización de la estructura de la empresa. “Hoy las estructuras organizacionales no cuentan con la aprobación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, por ende, no cuentan con los créditos presupuestales correspondientes, que [están desactualizados] y datan de diez a 15 años”, explicó a la diaria el presidente de la FFOSE, Gustavo Ricci, respecto de la decisión de la administración de actualizar la estructura vigente previo a la gestión de los créditos, un trabajo que “se comprometieron a terminar antes del próximo abril”.
El sindicato estima que este movimiento repercutirá en el nivel de las tercerizaciones, ya que para esta “actualización” se creó un ámbito específico, denominado Comisión de Áreas Estratégicas, que determinará cuáles son las que podrían estar manejando con personal tercerizado y cuáles tienen que estar necesariamente a cargo exclusivo del personal genuino del organismo. La FFOSE considera que este es un indicio de que disminuirá “sensiblemente” el número de tareas tercerizadas, lo que implicará “una ampliación de los cargos actuales”.
Ahora, ante el cese del conflicto interno, el sindicato está preparando su próxima bandera: la desarticulación de la Unidad de Gestión Desconcentrada, que administra el servicio de agua potable en Maldonado y que fue creada luego de la reforma constitucional del agua, durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, para finalizar con mayor agilidad las obras de saneamiento en el departamento. Lo que se buscó con esta figura, a cargo del directorio de OSE y de la Intendencia fernandina, fue hacer caer el contrato con la empresa española que dirigía las reformas. Hoy en día, la obra ya está completa y el sindicato de la empresa estatal considera que es perjudicial seguir con este régimen divergente respecto del resto del país.
“OSE tiene un sistema de tarifa única en todo el territorio, fundamentado en que los departamentos que tienen superávit desde el punto de vista económico bancan a aquellos que por sus características, por un tema de población o lo que sea, son deficitarios”, explicó Ricci. La existencia de esta unidad implica que Maldonado sea el único departamento autorizado a que los dineros provenientes de la recaudación por el servicio se inviertan únicamente en ese departamento, lo que genera una situación de “desigualdad con respecto al resto del país”, algo que para Ricci es “injusto”. Además, el presidente de la FFOSE comentó que los funcionarios de la unidad no tienen una naturaleza jurídica definida: “Ni son funcionarios públicos, ni tienen calidad de privados, sino que es un híbrido que creó la ley”.
Por estos dos motivos, el sindicato comenzará a recorrer el camino en busca de la derogación de la ley que creó la Unidad de Gestión Desconcentrada en setiembre de 2005, y para eso los representantes del gremio se reunirán con las distintas bancadas legislativas en el correr de agosto. “Entendemos que este es un año importante para este tema. En 2018 ya se va a estar muy cerca de las elecciones internas”, lo que implicará un desvío de la atención de diputados y senadores, consideró el dirigente.