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La Justicia archivó actuaciones sobre irregularidades en empadronamientos realizados por la Intendencia de Florida

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Las investigaciones empezaron a raíz de una denuncia del diputado frenteamplista Carlos Rodríguez Gálvez ante el Juzgado Letrado de Primer Turno, en agosto de 2014, a partir de los casos de automotoras que sistemáticamente empadronaban en Florida pese a estar establecidas en otros departamentos – fundamentalmente en Canelones y Montevideo–. Luego se fueron agregando otros elementos; por ejemplo, el de los vehículos de alquiler que eran empadronados pese a que no existía documentación que acreditara tal condición, o a que muchos empadronamientos los realizaban gestores privados. Algunos de esos elementos surgieron de una investigación administrativa que llevó a cabo en paralelo la Intendencia de Florida, y de una actuación del propio Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), que envió delegados a la comuna y exigió la regularización de cientos de empadronamientos que fueron derivados a los departamentos en los que residen sus propietarios.

La fiscal Alicia Ghione dijo en su vista que “no hubo voluntad de violentar el deber”, así como “no hubo interés privado, y tampoco existió perjuicio a la administración pública; en definitiva no existió delito penal”. A raíz de la investigación desarrollada por la propia comuna, “existieron sanciones a algunos funcionarios por empadronamientos realizados en situaciones donde el domicilio de Florida era dudoso”. “Sólo fueron hechos que, a lo más, no cumplieron cabalmente con los reglamentos que estaban en transición”, señaló Ghione, quien suscribió la idea de que algunas irregularidades fueron propias de un proceso de transición hacia la aplicación de la ley que ponía fin a la guerra de patentes. La secretaria general de la Intendencia de Florida, la doctora Macarena Rubio, dijo que en el equipo de gobierno reinaba “un sentimiento de satisfacción”. Rodríguez Gálvez, por su parte, dijo que si bien respeta la vista de Ghione y la posterior resolución de la jueza Annabel Gatto de Souza, “no fueron citadas las automotoras, no fueron citados los gestores, salvo uno, y tampoco fueron citadas las rentadoras”.

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