Los exiliados uruguayos y los derechos humanos

Hacia mediados de los años 70, los exiliados uruguayos de izquierda comenzaron a usar el lenguaje de los derechos humanos para combatir el régimen que los había expulsado del país. Como otros sudamericanos que huían de dictaduras de derecha, estos militantes unieron esfuerzos con grupos como Amnistía Internacional y la Washington Office for Latin America para condenar las prácticas represivas en sus países frente a gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Esta colaboración dio origen a una red transnacional de denuncia que cumplió un papel esencial en la consolidación del sistema internacional de derechos humanos tal como lo conocemos hoy en día.

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Esta colaboración fue posible, entre otros motivos, porque los exiliados uruguayos incorporaron un lenguaje político tradicionalmente asociado con el discurso anticomunista de la Guerra Fría y bastante alejado de la retórica revolucionaria que había definido su militancia hasta los años 70. Hasta ese momento, la mayor parte de la izquierda había visto en los derechos humanos una forma de extender la influencia del modelo político y social del capitalismo occidental, un lenguaje contrario a cualquier proyecto emancipador de carácter socialista.

No hay editoriales, actas de congresos o manifiestos en los que el cambio de actitud de estos grupos aparezca en toda su dimensión política y complejidad ideológica. Durante el primer período del exilio, principalmente en Buenos Aires en los años del retorno peronista, este silencio puede atribuirse al mantenimiento de cierta expectativa sobre el desarrollo revolucionario de la región. De hecho, la urgente necesidad de actuar para precipitar un proceso que parecía inminente todavía a principios de los 70 prevaleció sobre los llamados, que también hubo, a reconsiderar tácticas y estrategias de la militancia de izquierda.

A medida que el espacio para la acción revolucionaria se fue cerrando en el Cono Sur, especialmente después del golpe en Argentina, en marzo de 1976, las urgencias se modificaron. Al leer las publicaciones y los documentos de los grupos de exiliados, se ve cómo la percepción de la escalada represiva desatada en la región los llevó a recurrir a todos quienes podían ayudarlos a salvar sus vidas y libertades. Es claro, entonces, que su progresiva integración a las redes trasnacionales de derechos humanos fue más el producto de circunstancias políticas acuciantes que de una revisión ideológica premeditada. Pero en los años siguientes, cuando muchos exiliados se volvieron expertos en el manejo de los mecanismos internacionales de denuncia, tampoco hubo demasiadas reflexiones explícitas sobre el significado de esta nueva militancia para su antigua concepción de la acción política. Es necesario, entonces, analizar ciudadosamente las formas en que los exiliados procesaron este cambio para entender mejor uno de los procesos políticos que más afectaron a la izquierda latinoamericana en las últimas tres décadas de siglo XX.

Cualquiera que recuerde la retórica revolucionaria de fines de los 60 y principios de los 70 puede advertir hasta qué punto le era ajeno el lenguaje que usaban los grupos de derechos humanos que por entonces estaban apareciendo en Europa y Estados Unidos. A riesgo de simplificar muchos de los matices y las diferencias entre estos grupos, así como al interior de las fuerzas de izquierda, voy a repasar algunos de los asuntos que distinguían esa retórica del lenguaje de los derechos humanos y luego explicar cómo la izquierda uruguaya hizo suyo este lenguaje.

Para empezar, resulta evidente que un movimiento dedicado a la defensa de un núcleo reducido de derechos individuales de raíz liberal no se ajustaba a la idea del cambio social y la acción política de la mayoría de los partidos y grupos de izquierda. Dejando de lado los diferentes grados de adhesión a los principios rectores del marxismo-leninismo, se puede decir que la mayor parte de la izquierda uruguaya coincidía en señalar la oposición oligarquía/ pueblo como la contradicción esencial para entender los problemas estructurales del país y rechazaba cualquier intento alternativo de explicación. La gran preocupación era cómo construir una herramienta política que expresara esta contradicción, fuera capaz de conducir el proceso revolucionario y lograra, de esta forma, enriquecer la discusión sobre la pertinencia de la lucha armada. La izquierda buscaba así defender a los sectores que estaban siendo obligados a pagar los costos de la crisis social y económica del país. Pero basta pensar en las conversaciones entre tupamaros y militares en 1972 o en las reacciones ante los comunicados 4 y 7 emitidos por las Fuerzas Armadas en febrero de 1973 para ver hasta qué punto esta forma de pensar impidió a muchos entender la naturaleza cambiante del régimen autoritario que se estaba instalando, advertir las consecuencias últimas de este proceso, comprender quién era quién en medio de la vorágine.

En el ambiente de inminencia vivido a finales de los 60 y principios de los 70, la confianza en el cambio revolucionario como garante exclusivo de la emancipación se enfrentó, de hecho, con la idea de los derechos individuales de alcance universal. Consecuentemente, la acción política era entendida como una carrera por tomar el centro del poder y subvertir la estructura de clases, lo que llevó en muchos casos a desdeñar las garantías mínimas para la actividad política que los uruguayos tanto habían celebrado durante décadas. Hay que decir también que estas garantías fueron notoriamente limitadas en los años que llevaron al golpe de Estado con la aplicación reiterada de medidas prontas de seguridad, clausuras de medios de prensa, muertos y heridos en manifestaciones callejeras, presos y torturados en dependencias policiales y militares, entre otras expresiones de violencia gubernamental. Aun así, el heroísmo y el sacrificio por la causa eran presentados como inherentes al verdadero compromiso revolucionario. Ningún militante de izquierda habría aceptado en esos años el rótulo de “víctima”, reservado para la masa que ignoraba aún el curso inexorable de la historia y se negaba, por tanto, a precipitarlo.

Muy lejanas estaban estas ideas de la concepción de la política en términos de víctimas y victimarios, del desinterés por los fines últimos de unos y otros, de la preocupación por la integridad física del cuerpo y del enaltecimiento de las garantías legales que caracterizaban a los grupos de derechos humanos que por entonces aparecían en Europa y Estados Unidos. Muchos en la izquierda veían en estas premisas más una forma de limitar la lucha por el cambio revolucionario que de asegurar un ambiente propicio para toda actividad política. Además, estos grupos se relacionaban estrechamente con una serie de organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), y gobiernos extranjeros, como el estadounidense, cuyas políticas eran resistidas abiertamente por la izquierda latinoamericana. La promoción de un balance entre los principios de no intervencion y autodeterminación, por un lado, con la creación de mecanismos internacionales para castigar a los gobiernos que violaran los derechos humanos de los ciudadanos, por otro, no formaba parte de las preocupaciones centrales de estos militantes.

Desde su exilio en Buenos Aires, Zelmar Michelini (ex senador y ministro del Partido Colorado que se sumó a la coalición de centro-izquierda Frente Amplio en 1971) fue quizás el primero en acercarse a estas ideas y recurrir a grupos trasnacionales y organizaciones internacionales para tratar de poner fin a los aspectos más acuciantes de la represión en Uruguay. En los años inmediatamente anteriores a su asesinato, Michelini centró su agenda política en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura uruguaya, tratando de conectarse con quienes pudieran ayudarlo en este emprendimiento. Empezó a usar un lenguaje nuevo que describía la represión menos para resaltar el heroísmo de quienes la sufrían que para caracterizar al gobierno que la practicaba, tal como hacían los grupos de derechos humanos de la época.

Las audiencias ante el Congreso de Estados Unidos a mediados de 1976, donde se decidió suspender la ayuda militar a Uruguay por sus patrones represivos, fueron en gran medida un resultado de sus esfuerzos, aunque fue el ex candidato presidencial del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate quien finalmente participó como testigo (Michelini fue asesinado en Buenos Aires en mayo de 1976 por efectivos de las fuerzas represivas conjuntas).

Luego de la muerte de Michelini, otros grupos de exiliados advirtieron que los militares tenían intenciones de permanecer en el poder y se hicieron paulatinamente expertos en los mecanismos internacionales de denuncia. Las peticiones presentadas a las comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas y la OEA a fines de los 70 muestran que miembros del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), comunistas y tupamaros, para nombrar a tres de los grupos más afectados por la represión, ya manejaban hábilmente todos los aspectos formales que estas organizaciones requerían y sabían usar su lenguaje para plantear sus propias demandas.

Estos y otros grupos coincidieron muchas veces en sus esfuerzos de denuncia, pero fracasaron repetidamente en el intento por crear un frente común de lucha contra la dictadura en base a los derechos humanos. En general, los grupos y partidos de izquierda parecían separar los dos aspectos de su lucha: tomaban los derechos humanos como una forma eficaz de denunciar a la dictadura frente a audiencias amplias a nivel internacional, pero no solían considerar su potencial un programa emancipatorio de más largo alcance. Aun a riesgo de simplificar nuevamente los debates internos, es posible decir que la mayor parte de la izquierda no logró en estos años una nueva síntesis político-ideológica entre sus concepciones revolucionarias y su prédica por los derechos humanos, sino que se limitó con frecuencia a plantear programas a corto plazo de reconquista de la democracia formal y propuestas a largo plazo de cambio socialista. Las discusiones en torno a la reorganización del Frente Amplio en el exterior y de la Convergencia Democrática del Uruguay reflejaron estas dificultades.

Hacia los años 80 aparecieron algunos análisis que intentaban articular ambas preocupaciones, pero casi ninguno examinaba realmente la profunda transformación implicada en la adopción del discurso de los derechos humanos como principal instrumento de denuncia de la dictadura. El PVP hizo quizás el esfuerzo más sostenido por plantear la idea de terrorismo de Estado, mientras que los comunistas intentaron asimilar sus actividades internacionales a las políticas de alianzas antifascistas. Pero luego del plebiscito de 1980, cuando las oportunidades de participación política se abrieron en Uruguay, la gran mayoría de los exiliados volcó totalmente su atención hacia lo que pasaba dentro del país y declaró que su actividad estaba ahora centrada en apoyar la movilización interna.

Grandes conflictos internos marcaron la definición de la estrategia de la izquierda en la transición, pero terminó imponiéndose una postura que subordinaba los reclamos de verdad y justicia sobre violaciones a los derechos humanos a las necesidades de un pronto tránsito a la democracia. Para convertirse en un interlocutor legítimo en la mesa de diálogo con los militares, la mayor parte de la izquierda decidió dejar de lado ciertas demandas que parecían excesivas. Lo interesante de este nuevo giro fue que los derechos humanos ya no funcionaban como una forma moderada de ganar la simpatía de amplias audiencias, sino como un discurso de connotaciones radicales en la escena política nacional. En esta etapa, la izquierda política hizo de los derechos humanos un “discurso de la memoria”, es decir, más una forma de difundir las experiencias que muchísimos militantes habían vivido en los últimos años que un planteo sobre las consecuencias legales para quienes eran responsables de la represión. En este discurso testimonial, los militantes de izquierda aparecían simultáneamente como víctimas de la dictadura y héroes de la democracia, en una interesante reformulación de la retórica heroica revolucionaria para legitimar el compromiso democrático de la mayor parte de los grupos de izquierda en los años 80.

La izquierda uruguaya siguió usando este lenguaje en los años posteriores e hizo de los derechos humanos una de sus principales banderas en el período democrático en reclamo, ahora sí, de verdad y justicia. Al mismo tiempo, el derrumbe del socialismo real pareció confirmar la necesidad de buscar nuevas formas de expresar su viejo anhelo emancipador. ¿Sería el lenguaje de los derechos humanos capaz de cumplir ese papel? Aunque esta pregunta pertenece más claramente a un capítulo posterior en la historia de la izquierda, me parece importante destacar el aporte del exilio a esa búsqueda.

Doctora en Historia Latinoamericana

Una versión de este texto apareció en Políticas de la memoria: Anuario de investigación e información del centro de documentación e investigación de la cultura de izquierdas, 4 (2004). La investigación completa fue publicada como Idos y recién llegados: La izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos, 1967-1984 (México: Uribe y Ferrari Editores, 2006).

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