El canciller Rodolfo Nin Novoa aseguró ayer, en declaraciones a Telenoche, que la convocatoria de la cancillería brasileña al embajador uruguayo, Carlos Amorín, en Brasilia, no fue en calidad de “consulta”, en los términos clásicos de la diplomacia, sino que se trató de una simple conversación informal que no significó ningún tipo de protesta.
El lunes, el periódico brasileño O Globo publicó que Amorín había sido convocado al Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería brasileña, para que aclarara los dichos de Nin Novoa sobre la reforma laboral que comenzará a regir en 120 días en Brasil. La reforma que se lleva adelante en el país norteño busca “flexibilizar y modernizar” las actuales leyes laborales para incentivar la creación de nuevos puestos de empleo, a costa de erosionar las condiciones de trabajo y derechos de los empleados. Por ejemplo, las normas brasileñas establecían que en las negociaciones entre trabajadores y empresarios podían adoptarse nuevas condiciones laborales, siempre y cuando estas fueran mejores que las garantizadas para los trabajadores en las leyes y en la Constitución. Esta máxima desaparece con la entrada en vigencia de la reforma laboral: las nuevas condiciones acordadas en una negociación podrán ser peores para los trabajadores que las que establecen las leyes, si se logra un acuerdo entre los trabajadores y sus empleadores. Por ejemplo, la jornada laboral, hasta ahora limitada a ocho horas diarias y 44 semanales, podrá ser aumentada a 12 si hay acuerdo entre las partes, con la única condición de que no se superen las 44 semanales. Lo mismo sucede con el descanso, cuyo mínimo de una hora se disminuye a media si hay acuerdo entre trabajadores y empresarios. Incluso podría acordarse que el trabajador no goce del descanso, a cambio de un pago proporcional a su duración.
El canciller había dicho el domingo que el cambio “preocupa” a Uruguay porque “es una manera de competir en base a la caída de derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar”. “No nos vamos a inmiscuir en la legislación interna de los países, pero queremos discutir e intercambiar ideas, porque así va a ser difícil negociar”, dijo el ministro, e informó que el fin de semana los representantes de Uruguay ante el Mercosur habían hecho “un planteo” al respecto.
También el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, se había referido al tema: “El gobierno uruguayo le ha enviado una nota a Brasil, que es el presidente [pro témpore] del Mercosur, pidiendo que reúna los órganos sociolaborales del Mercosur porque queremos analizar [...] lo que puede impactar la reforma laboral de Brasil, en caso de que termine de concretarse”. Para el jerarca, esta reforma “puede impactar en los trabajadores y en los empresarios uruguayos”.
Se metió el debate
Pero la reforma laboral brasileña también tiene adherentes en el territorio nacional. El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Corallo, dijo ayer a El Espectador que la organización que preside traerá expertos en legislación laboral de Brasil para que se evalúe aquí la posibilidad de llevar adelante una reforma de carácter similar. “Si en el mundo países como Francia, España y Brasil se están adecuando para no perder puestos de trabajo, en un mundo en el que competimos por los mismos puestos de trabajo y los mismos productos, es importante aggiornarnos en aquellos aspectos que se conversen en forma común, que doten al Uruguay de competitividad, y que no [se] transformen en una dictadura de un lado u otro”.
Como era de esperarse, la idea obtuvo el inmediato repudio del PIT-CNT, que, tras la reunión semanal del Secretariado Ejecutivo, emitió una resolución de condena a la propuesta. “Lo vemos como muy negativo por parte de Corallo, que fue el interlocutor de las cámaras. Claro está que rechazamos de plano la reforma laboral de Brasil, que de la A a la Z quita derechos y desregula. Si esa es la alternativa para no perder puestos de trabajo, no nos vamos a poner de acuerdo”, dijo Daniel Urquiola, dirigente de la Federación Nacional de Municipales e integrante del Ejecutivo de la central. En tanto, el secretario general del PIT- CNT, Marcelo Abdala, fue más enfático aun y definió a la propuesta como “jurásica”.