Regulación del cannabis y soberanía nacional

Este es tu último artículo gratuito

Registro

Registrate gratis para obtener 20 artículos caada 30 días, acceso a newsletters y más beneficios.

Suscripción

Acceso digital ilimitado por $350 al mes.
Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como vos que lo haga posible.
El cierre de cuentas bancarias por parte del Banco Santander, y la amenaza sobre otras cuentas, seguida de las decisiones del Banco República (BROU) relacionadas con la regulación de la marihuana, son hechos de suma gravedad. El argumento sobre la imposición de las denominadas corresponsalías internacionales (algunas con sede en Estados Unidos) afecta a la institucionalidad democrática, avasall...
Llegaste al límite de artículos gratuitos

Registro

Registrate gratis para obtener 20 artículos cada 30 días, acceso a newsletters y más beneficios.

Suscripción

Acceso digital ilimitado por $350 al mes.
Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como vos que lo haga posible.
¿Ya tenés cuenta? Ingresá

El cierre de cuentas bancarias por parte del Banco Santander, y la amenaza sobre otras cuentas, seguida de las decisiones del Banco República (BROU) relacionadas con la regulación de la marihuana, son hechos de suma gravedad. El argumento sobre la imposición de las denominadas corresponsalías internacionales (algunas con sede en Estados Unidos) afecta a la institucionalidad democrática, avasalla derechos y libertades consagradas por la Constitución.

Resulta inaceptable que se arroguen el derecho a interferir en la aplicación de una norma legal soberana de Uruguay que fue aprobada por un Parlamento democrático. Es una violación flagrante de la soberanía nacional.

La banca internacional no puede pretender decidir sobre cuestiones de política social como son las políticas de drogas. Si el poder financiero puede resolver qué tipo de políticas se llevará adelante dentro de un país, la democracia pasa a ser una cáscara vacía.

Precisamente, como bien se afirma en el texto de la petición que la Iniciativa Ciudadana en defensa de la Ley 19.172 elevó a la Institucion Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la comunidad internacional en la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas llegó a una solución política que aboga por una flexibilidad de las convenciones para que ellas puedan adaptarse a los desafíos nacionales en materia de drogas.

Hay puntos de vista que aceptan hechos consumados e imposiciones de este tipo, y que no están dispuestos a pelear por un cambio. Tienen una idea restringida de la democracia y la soberanía. Subordinarse sin más al poder mundial de turno es un camino sin retorno. Precisamente en este campo, en el que Uruguay es un ejemplo mundial de cambio, de enfoque de derechos humanos y de modelo alternativo de lucha contra el narcotráfico. Tampoco se tiene en cuenta que nuestro mercado regulado puede exponerse como un modelo de transparencia y trazabilidad de inversiones y destinatarios finales. Unido a los avances en control antilavado que formaron parte de la política integral de drogas en Uruguay (que revirtieron la fiesta desreguladora de las famosas offshore conocidas como SAFI).

Algunos actores parecerían aceptar que se trata de hechos inmutables, leyes de la naturaleza ante los cuales sólo cabe resignarse. Son más realistas que el rey, se adelantan a inclinarse ante algunas empresas financieras por la sola amenaza de sanciones. Ni siquiera se disponen a dialogar, negociar y buscar salidas. Parecen desconocer que en Estados Unidos hay 23 estados con producción y consumo de cannabis medicinal. Ocho estados (entre ellos California, la séptima economía mundial) en donde la legalización de la marihuana triunfó por decisión ciudadana en plebiscitos, generando una potente industria legal del cannabis. No toman en cuenta que el gobierno del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama flexibilizó las normas federales con el denominado “Memorandum Cole” del fiscal general y Guías del Departamento de Justicia y del Tesoro y del Fincen (Financial Crime Enforcement Network, la autoridad antilavado) que todavía siguen vigentes. Ya hay 250 bancos que operan con los negocios legales de cannabis. E ingresó en abril un proyecto de ley, que cuenta con apoyo de legisladores demócratas y republicanos, que sustancia esta permisión en la ley federal. La soberanía que tienen las jurisdicciones estaduales en Estados Unidos parecen ser más fuertes que el concepto de soberanía nacional que tienen algunos en este país. El actual fiscal general, Jeff Sessions, todavía no se ha animado a modificar nada, y su propio grupo de trabajo recomienda no ir contra la marihuana legalizada.

La política de regulación de la marihuana en Uruguay fue defendida con éxito ante los organismos internacionales de control de drogas, y la posibilidad de este camino propio fue debatida y aceptada en el marco de la flexibilidad.

Canadá ya elaboró su modelo a partir del trabajo de una task force que hizo contactos con Uruguay. El primer ministro Justin Trudeau anunció que en julio de 2018 habrá marihuana legal. Otros países buscan alternativas de regulación adecuadas a su realidad.

Uruguay, junto con otros países y figuras internacionales relevantes, promovió un debate profundo sobre los paradigmas a revisar en materia de drogas. La llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado estrepitosamente en todo el mundo, generando consecuencias mucho más terribles que la misma droga. Ese paradigma prohibicionista es profundamente hipócrita, porque no actúa de manera similar ante el alcohol y el tabaco, por ejemplo, y porque alienta el control de los consumos por el narcotráfico. Es tan hipócrita, que algunos de los bancos, como el Santander, que hoy aparecen tomando medidas contra las farmacias uruguayas, han sido investigados y multados por lavado de dinero del narcotráfico. Son prohibicionistas con las farmacias y amigables con el narcotráfico. ¿Ese es el ejemplo que queremos tomar?

La decisión del BROU de cerrar cuentas a farmacias que trabajen con la marihuana legal es violatoria de la ley y de la Constitución de la República. Es una actitud apresurada ante las amenazas de las corresponsalías, en lugar de procurar encontrar soluciones al diferendo. El mismo comentario vale para el Banco Central del Uruguay (BCU), que debería, como primera reacción, definir una misión urgente a Estados Unidos para negociar una salida transaccional.

¿Cómo no entender y compartir los dichos del ex presidente José Mujica cuando sostiene que si no pueden resolver el tema, que renuncien y vengan otros que sí lo hagan? El presidente Tabaré Vazquez se posicionó con claridad, sumándose a la actitud de Mujica. Tambien el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, hizo declaraciones que deberían escuchar tanto las autoridades del BCU como las del BROU.

Hay quien pone el acento en criticar al gobierno actual y los anteriores por no haber previsto que esto iba a suceder. Este enfoque reduccionista del tema une la supuesta “inevitabilidad” de esta arbitrariedad con la resignación a que se violen las leyes y la soberanía. Chiquitismo puro y duro, dijera el Ñato. Parece más bien un adelanto de campaña electoral en la que toda crítica al gobierno viene bien.

Como señaló Fernando Gambera, de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, esta regulación ofrece todas las garantías de control y transparencia para evitar el lavado de dinero. La implementación de la Ley 19.172 demostró recoger la confianza de muchos. 20.000 personas ya no recurren a las “bocas” del narcotráfico para obtener la marihuana que consumen.

Las organizaciones sociales que han luchado por esta transformación no se doblegan, y convocan a defender la normativa aprobada en el país. Una iniciativa popular que merece todo nuestro apoyo. Para el gobierno es un apoyo valioso, siempre que tenga la claridad de considerarlo así y proceda como se ha anunciado: apegado a la ley y a la soberanía nacional.

Este es tu último artículo gratuito

Suscripción

Acceso digital ilimitado por $350 al mes.
Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como vos que lo haga posible.
El cierre de cuentas bancarias por parte del Banco Santander, y la amenaza sobre otras cuentas, seguida de las decisiones del Banco República (BROU) relacionadas con la regulación de la marihuana, son hechos de suma gravedad. El argumento sobre la imposición de las denominadas corresponsalías internacionales (algunas con sede en Estados Unidos) afecta a la institucionalidad democrática, avasall...
Llegaste al límite de artículos gratuitos

Suscripción

Acceso digital ilimitado por $350 al mes.
Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como vos que lo haga posible.
¿Ya tenés cuenta? Ingresá
Compartir