Por unanimidad, con 23 votos entre los 23 presentes en sala, la Cámara de Senadores votó el miércoles la Ley de Salud Mental. A raíz de una moción firmada por los cuatro partidos, los senadores dieron un tratamiento inmediato al proyecto, que había sido sancionado el día anterior por la Cámara de Diputados. La discusión duró siete minutos. La senadora frenteamplista Ivonne Passada informó acerca de los cambios que la cámara baja le introdujo al proyecto que el Senado había sancionado en octubre de 2016.
“Sufrió tres modificaciones”, enumeró Passada. Mencionó que se fijó el año 2025 como fecha límite al cierre de las estructuras asilares y monovalentes (colonias psiquiátricas y hospital Vilardebó), que se agregó el término “usuarios de servicios de salud mental” (sustituyendo con él en algunas oportunidades el de “trastorno mental”) y que se le hicieron “mínimas modificaciones” al momento de regular la internación involuntaria, “pero no afecta el contenido de los criterios que aquí ya habíamos aprobado”, comentó, refiriéndose a que se acotó la condición de “riesgo grave de daño inmediato o inminente para la persona o terceros” a “riesgo de vida inminente para la persona o terceros”.
Passada se congratuló de estar en condiciones de aprobar esta ley y derogar la del Psicópata, sancionada en agosto de 1936, debido a la cual “en varias oportunidades nuestro país ha sido observado por el modelo de atención”, comentó. La senadora insistió en que esta nueva ley enfoca a la salud mental “desde una perspectiva de derechos humanos en el Sistema Nacional Integrado de Salud”, como describe su título.
Tal como consta en el texto, la nueva ley apunta a “garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todos los habitantes residentes en el país”, de manera equitativa y mediante un proceso asistencial con enfoque interdisciplinario; explicita que los diagnósticos en el campo de la salud mental no podrán establecerse sobre la base del estatus político, económico, social, cultural, racial o religioso, por orientación de género, ni por solicitudes de familiares. Consagra los derechos de las personas usuarias de estos servicios y da las líneas para el abordaje, que debe hacerse “preferentemente” en el ámbito comunitario, entendiendo la hospitalización como “un recurso terapéutico de carácter restringido”. La hospitalización no podrá tener límites temporales de cobertura, como ocurre ahora, en los hechos, en las instituciones privadas, que tienen un tope de 30 días. El texto manifiesta la voluntad de trabajar para facilitar el acceso a la vivienda y la inserción laboral, educativa y cultural de personas con patologías mentales. Nomina a los organismos rectores y de contralor, y ordena al Ministerio de Salud Pública (MSP) a elaborar un plan nacional de salud mental.
El senador nacionalista Javier García, dijo que accedió al tratamiento del proyecto sin el tratamiento en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, considerando el pedido de la bancada oficialista de tratarlo de forma urgente. Como contrapartida, pidió “que el MSP incluya los recursos para que efectivamente se aplique porque, de lo contrario, la urgencia de votarlo esta tarde no va a condecir con la aplicación”. Afirmó que “esta ley sin recursos no se puede aplicar” porque “la formación y capacitación que implica el proyecto, el diseño de un plan de salud mental, las redes territoriales, los dispositivos residenciales con apoyo y la red pública requieren recursos”.