“En esta ola de recuerdos que refluye la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. [...] Pero la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas”. (Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino)
El 29 de junio tomó estado parlamentario el proyecto de Ley de Sitios de la Memoria Histórica. Fue presentado por el senador Marcos Carámbula y discutido y consensuado por la Red Pro Sitios de Memoria, que integran la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Crysol, el Museo de la Memoria, la Asociación Ágora, la Fundación Zelmar Michelini, la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo, el Área de Derechos Humanos de la Universidad de la República, el Servicio Paz y Justicia, entre otros.
El proyecto de ley es otra iniciativa que se articula con la ya existente 18.596, sobre la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, que reconoce su responsabilidad en cuanto a los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado y el derecho de las víctimas a la reparación. En su artículo 8, establece: “En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos; podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos”.
La creación de instancias, sitios y marcas es una herramienta importante para las políticas públicas de memoria, que aportan a la reparación simbólica de las víctimas del terrorismo de Estado, con el objetivo de devolverles su dignidad y deconstruir el relato dominante durante décadas, así como al conocimiento de la verdad y la realización de la justicia. En Uruguay, la mayoría de las veces, estas iniciativas han recaído en las víctimas o sus familiares. La Marcha del Silencio, al cumplirse los 20 años del asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, fue y es una de las principales manifestaciones de memoria y tuvo como principales protagonistas a los familiares de los desaparecidos y los asesinados. El Memorial de los Desaparecidos se inauguró el 10 de diciembre de 2001 en el Parque Vaz Ferreira, del Cerro; fue promovido por una comisión nacional y auspiciado por la Intendencia de Montevideo (IM), la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y la Junta Departamental de Montevideo. El Museo de la Memoria, en lo que fuera la casaquinta del dictador general Máximo Santos, fue también un proyecto de organizaciones sociales en conjunto con la IM. Los cambios en el nomenclátor no sólo respondieron a iniciativas de los diferentes niveles de gobierno, sino también a impulsos locales de vecinos y familiares de las víctimas. Así se incluyó en la memoria colectiva del territorio a Héctor Gutiérrez Ruiz, a Zelmar Michelini, a Walter Medina, a Enrique Erro, a Líber Arce, a Washington Pérez, a Susana Pintos, entre otros. Las marcas de memoria que encontramos en varios lugares, por ejemplo a las puertas del teatro El Galpón o en el Obelisco de los Constituyentes de 1830, son el resultado del proyecto Memorias de la Resistencia, impulsado por referentes de la sociedad civil. El Memorial para los Desaparecidos de Mercedes, inaugurado el año pasado, fue también una iniciativa de las organizaciones de derechos humanos.
La mencionada ley 18.596 habilitó más recientemente a colocar marcas de memoria en los lugares de represión. Diversas iniciativas han sido presentadas ante la Comisión Especial del Ministerio de Educación y Cultura, con resultados positivos, y las marcas fueron instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional, por ejemplo, la de la Cárcel de Cabildo o la de la Dirección de Información e Inteligencia Policial.
Crear y educar en un nuevo relato que incorpore la verdad histórica supone estos espacios de homenaje y reconocimiento. Sin embargo, es de anotar la inexistencia en Uruguay de espacios de memoria en los lugares que fueron centros clandestinos y no clandestinos de represión, como la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotoras Orletti, en Argentina, y el Memorial de la Resistencia de San Pablo en Brasil, donde antes funcionara el Departamento de Orden Político y Social. La iniciativa del Espacio Memorias para la Paz que pretendía crear un Museo para la Paz en la cárcel de Punta de Rieles y su entorno tuvo que conformarse con la plaza Museo y Memoria de Punta de Rieles.
En estos momentos hay dos iniciativas en curso. Una es el sitio del Servicio de Información de Defensa, que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura. El edificio perteneció luego al Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) y hoy aloja a la INDDHH. Por allí pasaron los secuestrados en Argentina y trasladados a Uruguay en el marco del Plan Cóndor, en su mayoría aún desaparecidos. El lugar fue adaptado para el funcionamiento del CALEN primero y para la INDDHH después. Del relato de los sobrevivientes surge que casi no quedan huellas de cómo era entonces. La otra iniciativa proviene del Museo de la Memoria, que pretende construir un sitio abierto al público en el galpón 4 del Servicio de Material y Armamento, conocido como 300 Carlos o Infierno Grande, donde fueron torturados y asesinados presos políticos durante la dictadura. En el predio lindero al Batallón 13 fueron encontrados los restos de Fernando Miranda. La Red Pro Sitios de Memoria impulsa otros proyectos similares, cada uno con sus particularidades.
Creemos que la invisibilidad de esos espacios físicos contribuye a ocultar el pasado reciente. Los sitios de memoria son “una herramienta para la materialización de los hechos allí ocurridos”, reza el proyecto; de ahí la importancia de una ley que los resguarde. No sólo a los efectos de encontrar restos de desaparecidos, sino también de visibilizar el modus operandi de los represores y los rastros en muros y pisos que muchas veces subsisten a pesar de la pintura. Los sitios son escenarios de crímenes y como tales deberían haber sido tratados, para permitir a las víctimas su reconocimiento, para hacer estudios periciales y para crear equipos multidisciplinarios que determinasen las medidas necesarias para evitar su deterioro.
La memoria está unida indisolublemente a la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso los espacios físicos donde se cometieron violaciones a los derechos humanos deben ser preservados también como evidencia y se debe garantizar su accesibilidad y su intangibilidad. En Uruguay hay medidas que impiden innovar sobre algunos predios militares. Sin embargo, el transcurso del tiempo, el pacto de silencio de los militares y el ocultamiento de información han tenido como consecuencia su manipulación, transformación y a veces desaparición; es el caso de la casona de la calle Millán (Millán 4269), donde actualmente existe una cooperativa de viviendas.
Al mismo tiempo, la derecha, lejos de establecer una mirada autocrítica sobre el pasado, se ha reafirmado en su discurso, lo ha fortalecido con un equipo de abogados y expertos, y lo difunde a diario en las redes por medio de un grupo de trolls creados para tal fin. La omertá es, a esta altura, una patología con visos de cronicidad de nuestra democracia. Dos testimonios recientes de soldados parecen ser una grieta en esa pared oscura. Disputar ese relato con evidencias, existentes, por cierto, explayarnos y enriquecer la defensa de las libertades democráticas es un imperativo del momento político nacional e internacional.
La reconstrucción de la verdad tiene una dimensión personal y una dimensión colectiva. Es una verdad dinámica que cambia con nuevos aportes, a veces de las víctimas, a veces de los vecinos, a veces de la comunidad. Esa verdad siempre precaria es un derecho de la ciudadanía, derecho a conocer los hechos y a hacerse cargo de su pasado, derecho a construir su identidad con ella. Una identidad difícil de objetivar, por lo dolorosa y traumática, pero necesaria para no repetir errores y estar alerta ante propuestas revisionistas. Estos sitios contribuyen a educar en derechos como garantía de no repetición y, en diálogo con la comunidad, a construir nuevas subjetividades. El cambio de uso de estos lugares crea nuevas relaciones y resignifica el territorio. Estas transformaciones siguen siendo un debe. Por otra parte, no deja de indignar la lentitud pasmosa con la que los gobiernos progresistas han avanzado en el análisis de los archivos, el sometimiento a la justicia de los responsables y la construcción proactiva de la memoria como garantía de un nunca más al terrorismo de Estado. Quizás estemos aún a tiempo de dar un giro a la situación. Nutrirnos de expertise, decisiones políticas y ejecutividad, y volcar los recursos materiales y humanos suficientes para desentrañar nuestro pasado.
Hija de Ary Cabrera Prates, detenido desaparecido el 5 de abril de 1976