Una nota de El País de Madrid lo califica del “metódico operador en las sombras” del presidente brasileño, Michel Temer. El coronel João Baptista Lima Filho, retirado de la Policía Militar de Brasil, fue acusado ante la Justicia de su país de actuar como intermediario de las coimas que habría recibido Temer. Lima tiene vínculos con Temer desde 1984, cuando el ahora presidente de Brasil asumió la secretaría estadual de Seguridad Pública de San Pablo y el coronel era asesor de gabinete de esa secretaría. Según recuerda El País de Madrid, Temer y el coronel fueron acusados en la década de 1990 de recibir coimas por contratos portuarios. Tanto el año pasado como este, el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil hizo manifestaciones frente a la estancia de Lima en el estado de San Pablo, denunciando que el establecimiento en realidad pertenece a Temer.
Dos personas aseguraron ante la Justicia, mediante acuerdos de delación premiada, que Lima recibió un millón de reales destinados a Temer para su campaña electoral, en octubre de 2014, como recompensa por un contrato de la estatal Eletronuclear; también lo acusaron de recibir otro millón de reales destinados a Temer en setiembre de 2014. Con estas dos denuncias, la Procuraduría General de la República de Brasil empezó a investigar al coronel, según informó El País de Madrid. Ni bien recibía el dinero, Lima lo gastaba en reformas en casa de familiares de Temer, según la investigación judicial.
Florisvaldo Caetano de Oliveira, uno de los delatores y responsable de la entrega de dinero del frigorífico JBS a políticos brasileños, sostuvo ante la Justicia que mantuvo dos encuentros con Lima. En el primero acordó las condiciones para la entrega de un millón de reales a Temer, y en el segundo se los entregó a Lima en efectivo.
Lima es además dueño de Argeplan Arquitectura e Ingeniería, una empresa que integra el consorcio que ganó la licitación para trabajar en Angra 3 de Eletronuclear, en una maniobra que está siendo investigada en el marco de la operación Lava Jato.
El viernes, el diario Estadão de Brasil publicó que Lima utilizó una offshore de Uruguay, Langley Trade SA, para comprar dos inmuebles en San Pablo. En uno de ellos vive el coronel, y en un allanamiento realizado allí la Policía Federal encontró 17 documentos relacionados a la offshore Langley. Los documentos vinculados a estos inmuebles fueron anexados por la Procuraduría General a la denuncia contra Temer por obstrucción a la Justicia y asociación para delinquir.
Según información que surge de los Panama Papers, Langley está vinculada al estudio jurídico montevideano Zolkwer & Asociados, que en los Panama Papers figura como administrador de 53 empresas, 35 de ellas activas.
Langley SA está domiciliada en Rincón 610, piso 4, Montevideo. El portal Sudestada se encargó de marcar en una nota este año la proliferación de sociedades anónimas radicadas en este domicilio. Según datos surgidos de los Panama Papers, hay más de 100 SA con ese mismo domicilio, con actividades en países de América Latina y también en Estados Unidos y Reino Unido.
Por ejemplo, en Rincón 610, piso 4, también está domiciliada Wircel SA, una offshore que se utilizó para pagar sobornos de Odebrecht por tres millones de dólares al ex gobernador regional de Cusco Jorge Acurio, según informó La República de Perú en mayo de este año. Sin embargo, según una investigación que realizó en aquel momento Telemundo, la oficina de Wircel en el piso 4 no existe, y tampoco hay indicios de que funcione allí el centenar de empresas que figuran con la misma dirección. Antel no tiene actualmente ningún teléfono registrado en el piso 4.
Las causas que están en la Justicia uruguaya vinculadas al caso Odebrecht no han tenido avances sustanciales por el momento, dijeron a la diaria el fiscal del crimen organizado Carlos Negro y la jueza del crimen organizado María Elena Mainard. Y son varias. Las sociedades uruguayas que habrían fungido como depositarias de dineros de coimas de Odebrecht son Sherkson, Havinsur, el estudio Posadas & Vecino, Sabrimol y Wircel, entre otras. La Justicia uruguaya también debe resolver sobre el pedido de extradición a Brasil del empresario Vinícius Claret, envuelto en un esquema de corrupción que involucra al ex gobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral. Y contestar un pedido de información de la Justicia argentina sobre Sabrimol SA, la empresa que sirvió como depositaria del presunto pago de coimas de Odebrecht a funcionarios del gobierno argentino. En esta maniobra están involucrados un abogado uruguayo, Carlos Dentone, y el empresario argentino Jorge Corcho Rodríguez. El viernes, el diario argentino Clarín informó que la Justicia de ese país resolvió investigar el patrimonio de Rodríguez porque sospecha que actuó como intermediario de coimas de Odebrecht en varias instancias.