El sábado 16 la jueza Elsa Montín, de Paysandú, procesó con prisión al estanciero argentino Martín José Montanaro Celasco –que tenía su finca a orillas del arroyo San Francisco Grande, en su desembocadura en el río Uruguay– por “reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”. En el auto de procesamiento, la jueza sostuvo que “se ha acreditado en forma semiplena” que Montanaro, “por medio de promesas de dinero o retribuciones en dinero o especie (dinero, entrega de estupefacientes, alcohol, comida, ropas perfumes, paseos a las termas, estadía en hoteles, etcétera) obtuvo que varias adolescentes, las que cambiaba frecuentemente, practicaran actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, a lo largo del tiempo, por lo menos más de dos años en reiteradas oportunidades producto de determinaciones criminales diferentes, delito que concurre en reiteración real”, junto a “reiterados delitos de entrega de sustancias estupefacientes”.
El caso comenzó a investigarse en julio, luego de que referentes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) denunciaran ante la Jefatura de Policía de Paysandú que una de las adolescentes del hogar femenino hacía salidas que estaban fuera de lo acordado, y presentaran la sospecha de que se trataba de un caso de explotación sexual. El comisario Luis Mendoza ordenó una investigación que, con la autorización de la Justicia, abarcó escuchas telefónicas y de mensajes, filmaciones registradas en cámaras de la ciudad y videos publicados en Facebook, además del interrogatorio a más de 15 adolescentes y el allanamiento de la finca. La operación policial se llamó “Old green” (Viejo verde), puesto que Martín Montanaro, de 67 años, contactaba a las adolescentes, que a su vez le presentaban a otras, y las llevaba a su estancia para pasar la noche. Con ellas tenía relaciones sexuales o las hacía participar en juegos eróticos y “tocamientos obscenos”, detalla el auto de procesamiento. A cambio, les pagaba entre 500 y 3.000 pesos y les daba estupefacientes. Luego hay otro capítulo de la investigación, que detectó en la estancia más de ocho kilos de marihuana que habían sido plantados en la estancia, y por ello fueron procesados los dos hijos de Montanaro que vivían con él, pero que, según la investigación, no participaban en la explotación sexual que hacía su padre, que residía en otra vivienda del predio.
En la estancia hallaron, también, plantines de marihuana y armas. Los hijos de Montanaro fueron procesados sin prisión por el almacenamiento de estupefacientes. No tenían antecedentes judiciales, como sí tenía su padre. La jueza accedió al pedido del abogado de Montanaro y estableció que “dada la condición económica del imputado”, el Instituto Nacional de Rehabilitación lo aloje “en un lugar adecuado para evitar extorsiones o dádivas para obtener beneficios”.
Fragilidades
Autoridades del INAU dieron ayer en Paysandú una conferencia de prensa para informar de este tema. En diálogo con la diaria, el vicepresidente del organismo, Fernando Rodríguez, explicó que se acordó “una estrategia de trabajo articulado con todos los servicios del sistema INAU en los lugares donde participaban las chiquilinas y otros en los que no participaban, para que se sumen”. Se hará un seguimiento de cada caso; se trabajará en la protección de las adolescentes y se las acompañará para “trabajar la conciencia de daño que implica el tema de la explotación sexual” y para fortalecerlas, de modo de evitar situaciones de este tipo en un futuro.
En cuanto a las familias de las adolescentes, Rodríguez comentó que “en algunos casos tenemos información primaria de que hay un contexto familiar para recurrir, trabajar, fortalecer, concientizar”, pero que “en otros casos es más difícil”. Según agregó, habrá una estrategia particular para trabajar con cada una.
Los referentes del INAU se reunieron ayer con representantes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, del Ministerio de Salud Pública, de la Intendencia de Paysandú y de la Policía, con quienes acordaron fortalecer la Red de Prevención de la Explotación Sexual. Rodríguez explicó que la red trabaja en Paysandú desde “hace unos cuantos años” y que “ha acumulado bastante experiencia”. Respecto del trabajo que hacía el programa con las adolescentes que estaban participando, Rodríguez señaló que se trataba de que salieran de la situación de explotación y, a la vez, dieran elementos que ayudaran a desencadenar procedimientos policiales para dar con los perpetradores. El jerarca aclaró que si bien hay procesamientos, la investigación continúa y “puede haber más involucrados”.
Fue en Paysandú donde en 2013 se conoció otro infame caso de explotación sexual: la “Casita del Parque”, que terminó con el procesamiento del entonces secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos. Según declaró la jueza al portal Ecos, durante la investigación de este caso una de las adolescentes había relatado que “salía” con “el viejo Martín”, pero no habían podido hallar pruebas. Paysandú vuelve ahora a estar en la mira. Rodríguez, sin embargo, sostiene que estas situaciones ocurren en todo el país. No obstante, consideró que “lo particular” de Paysandú es que “hay un acumulado de muchos años de trabajo permanente” y una sensibilización que ha habilitado estar “atento y comprometido con el tema”.