Los organismos públicos son cada vez más transparentes en la información que proporcionan en línea, aunque todavía están lejos de cumplir con lo que establecen la Ley de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario. Eso es lo que dice el Índice de Transparencia Activa en Línea 2016, que elabora el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), una organización no gubernamental que vela por el cumplimiento de esta norma.
Según Cainfo, los organismos cumplen, en promedio, con 48% de la información que por ley están obligados a dar. El estudio relevó 156 sitios web de organismos públicos, y la cifra significa un aumento de tres puntos porcentuales respecto del informe que se realizó en 2015, y de seis en comparación con 2013. A pesar de las mejoras, Cainfo advierte que a casi nueve años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, “el nivel de cumplimiento sigue siendo bajo, ya que 33% de los organismos relevados publicó menos de 40% de información que le es exigida legalmente”.
Otro de los aspectos que mide el estudio es la “interacción y participación” de los sitios web de los organismos públicos: los recursos que estos “ponen a disposición de los ciudadanos/as para la interacción, de manera de acercarse a la gestión de la participación pública”. Cainfo puntuó con 55% el nivel de este indicador en 2016, lo que representa un salto de 14 puntos porcentuales respecto de 2015.
A partir de la información obligatoria y de la “interacción y participación” que ofrecen los sitios, Cainfo construye el Índice de Transparencia Activa en Línea. En 2016, este indicador se ubicó en 50%, seis puntos porcentuales por encima de 2015. Según Cainfo, todos los grupos de organismos –a excepción de los municipios, que se incluyeron en el estudio por primera vez– exhibieron mejores niveles de transparencia respecto de la edición del año pasado.
A pesar de las mejoras, Cainfo resalta el bajo cumplimiento de algunas áreas, como las juntas departamentales, los municipios, las intendencias, los organismos de contralor y aquellos que dependen de Presidencia. En cambio, sólo 8% de los organismos exhibe un nivel “alto” de cumplimiento; entre ellos se destacan OSE, el Correo Uruguayo, el Plan Ceibal, el Banco Central del Uruguay y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.