El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, expresó su preocupación por la reforma laboral que tiene lugar en países como Brasil, con “dudosas formas de sustitución de presidentes”, pero “también en otros con presidentes democráticamente electos”, como por ejemplo la Francia “de la libertad, igualdad y franternidad”, donde el presidente Emmanuel Macron propuso aprobar, mediante ordenanzas –para evitar el debate legislativo–, una serie de cambios a la legislación laboral. Entre otros puntos, la reforma busca darle prioridad a la negociación por empresa por sobre la rama de actividad, e incluso, en las empresas más chicas, a la negociación individual por sobre la de rama de actividad.
El debate “Reformas laborales en América Latina”, organizado ayer por la fundación Friedrich Ebert Stiftung y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fue el marco en el que Murro hizo estas consideraciones. En la mesa participaron el ex ministro de Seguridad Social de Brasil Carlos Eduardo Gabas, el secretario de Política Económica y Desarrollo Sostenible de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, Rafael Freire, el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de la República Juan Raso y el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Montevideo Santiago Pérez del Castillo.
Murro reiteró su preocupación por el impacto que pueda tener en Uruguay la reforma laboral que seguramente comience a aplicarse en Brasil el 12 de noviembre. Aseguró que la reforma tiene “problemas de contenido y de forma”. De contenido, porque significa una “pérdida de derechos de los trabajadores en Brasil”, y de forma, porque “se está prescindiendo de la consulta, de la negociación”. “Los procesos de cambios en normas laborales deben implementarse con trabajadores y empresarios; nada de esto se ha hecho en Brasil”, aseguró. El ministro fue gráfico al explicar qué implica que se dé prioridad a un acuerdo individual entre un trabajador y la empresa antes que a un convenio colectivo o ley, y cómo eso podría impactar en Uruguay: “Si una ley dice que se debe pagar 100 y se obliga al trabajador, en un supuesto acuerdo, a que se le pague 10, eso va a generar que Brasil compita deslealmente con las empresas y los trabajadores uruguayos. Brasil tiene derecho a hacerlo, pero los uruguayos tenemos derecho a plantearnos estas cuestiones”, afirmó. “A esta altura nos preguntamos si los cambios que han sucedido en Brasil, de sustitución de un presidente, se hicieron por las cosas de las que se acusó a la presidenta saliente, o para hacer estas reformas que se están haciendo”, se preguntó, e insistió en que en Uruguay el gobierno no va a recorrer ese camino.
En agosto la cancillería uruguaya envió una nota al gobierno brasileño, que ocupa la presidencia pro témpore del Mercosur, para pedir que convoque a los órganos sociolaborales del bloque a discutir los efectos de la reforma. Según Freire, la posición uruguaya “ayuda bastante” en la repercusión regional del tema. Freire aseguró que la reforma “es producto de un golpe; no la reconocemos y vamos a luchar para revertirla”, en tanto que “ningún candidato sería electo si presentara esta reforma en elecciones; la reforma laboral no pasaría ninguna elección”. Además, aseguró que los cambios propuestos “no tienen nada que ver con la idea de modernización de las ideas laborales: ¿qué modernización hay en que una persona pueda trabajar 12 o 14 horas por día?; ¿qué modernización hay en que una mujer embarazada pueda trabajar en locales insalubres?; ¿cuál modernización hay cuando el Ministerio de Trabajo saca la fiscalización contra el trabajo esclavo?”. Aseguró que si se quiere hablar de modernización de las relaciones laborales “hay demandas mucho más profundas”, como lo que puede implicar en el mundo del trabajo “la revolución tecnológica”. Freire contó que la Central Única de los Trabajadores de Brasil está juntando firmas para lograr una enmienda popular que revierta la reforma.