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Peón de Salto y capataz de estancia Flor del Ceibo declararon ayer ante la Justicia

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El juez letrado en lo penal de Salto, Marcelo Silva, le tomó declaraciones ayer al peón rural Hugo Leites; al capataz de la estancia Flor del Ceibo de ese departamento, Paolo Rodríguez, denunciado por haberlo azotado; a la mujer de Leites, quien tomó las fotografías de los golpes que el hombre recibió en la espalda, y a un vecino de la estancia que fue citado como testigo. Al cierre de esta edición, Rodríguez continuaba declarando ante la Justicia y todavía faltaba el testimonio del dueño del establecimiento, Ernesto Estévez, quien, según el abogado de Leites, amenazó al trabajador con un cuchillo para que no hiciera la denuncia. Fuentes judiciales del caso dijeron a la diaria que la situación es mucho más compleja que el relato que hasta el momento fue difundido.

Tras salir del juzgado, Leites dijo tener “esperanzas” de obtener un fallo judicial en sintonía con la denuncia que radicó. Según declaró a Subrayado, hizo la denuncia porque quiere “justicia”. Aseguró que lo que le ocurrió a él “les ha pasado a muchos”, y que por eso llevó el tema ante el juez: “Por mí y por los demás”. Además, dijo que en la estancia Flor del Ceibo “se trabaja de sol a sol”, y sostuvo que fue un reclamo de recorte horario lo que desencadenó la agresión.

Ayer, el viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, se refirió a la situación: “Es lamentable que nos estén pasando estas cosas. Pensamos que en este período de gobierno se había avanzado en los derechos de los trabajadores. Con hechos como este volvemos muchas casillas para atrás”. El jerarca espera que se trate de un episodio aislado, y confía en que se aclare. “Como integrante de un gobierno al que le preocupan los trabajadores y los empresarios, no nos gusta nada que las diferencias se diriman de esta forma. Pensamos que tenemos que [intentar] ser una sociedad más racional, en la que los temas se resuelvan conversando. Es lamentable que nos esté pasando esto”, expresó. También la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo manifestó su “profunda preocupación” por la situación.

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