Cada colorado tiene la libertad de acompañar, o no, las iniciativas que buscan reformar la Constitución para modificar la Ley de Inclusión Financiera. Así lo decidió la Convención Nacional del Partido Colorado (PC) el sábado. Además, encomendó a los legisladores del PC “realizar las gestiones pertinentes” para cambiar la Ley 19.210. La decisión fue votada por “amplia mayoría”, dijo a la diaria Felipe Schipani, integrante del Comité Ejecutivo Nacional y del sector Vamos Uruguay (VU).
Varios convencionales insistieron en que la posición del partido no es a favor ni en contra de las propuestas de reforma impulsadas. Una de ellas fue presentada por la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (CRECE) y la otra por un grupo liderado por el abogado penalista Gustavo Salle.
Schipani dijo que “hay visiones contrapuestas, hay compañeros que están a favor de la iniciativa. Tabaré Viera ya está recolectando firmas y recorriendo el país, pero otros dirigentes no tienen la misma postura; por ejemplo, Fernando Amado, Ope Pasquet y el propio secretario general del partido [Adrián Peña]. El PC, como tal, no tomó posición con respecto a los plebiscitos”. El integrante de VU aclaró que el PC tiene una visión crítica sobre la ley de bancarización; “podemos compartir el fondo del asunto, pero entendemos que introducir una reforma constitucional es, quizá, un exceso”. En 2014, cuando se aprobó la ley, el PC votó en contra en las dos cámaras y tampoco acompañó las sucesivas modificaciones.
Schipani aseguró que se negociará con el gobierno y con otros sectores de la oposición para hacer “modificaciones reales, sin perjuicio de que si esas negociaciones son infructuosas y el gobierno no toma en consideración los planteos de modificación se vuelva a considerar la iniciativa de reforma constitucional”. “Una de las cosas que más han sido cuestionadas es la obligatoriedad de pago de los salarios por medio de los bancos. Después hay otras situaciones administrativas como, por ejemplo, la accesibilidad. Hay pueblos en el interior en los que no hay ni un solo cajero. Las autoridades tienen que tratar de universalizar el acceso a ellos. Otro tema son las comisiones que cobran las tarjetas. En comparación con otros países, [en Uruguay] tenemos comisiones muy altas. Estamos hablando de que de esta manera se afecta a los pequeños y medianos comercios”, describió la situación Schipani.
El diputado Ope Pasquet (Batllismo Abierto) dijo que, en lo personal, piensa que “este no es el momento de proponer una reforma de la Constitución”, ya que “hay un trabajo legislativo pendiente”. “Si no se logra hacer las modificaciones habrá que volver a reunirse y ver qué se puede hacer. Además, si tuviera éxito la reforma [se aplicaría] a partir de marzo de 2020, por lo que en lo inmediato no se están proponiendo soluciones”, dijo.
A su vez, mencionó que la iniciativa de CRECE incluye “una serie de disposiciones que van más allá de la Ley de Inclusión Financiera”. Por ejemplo, explicó, “cuando se dice que el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución no podrá quedar supeditado al pago de tributos por la persona que intente ejercer esos derechos, en buen romance, quiere decir que cuando, por ejemplo, se hace la compraventa de un inmueble, el escribano va a dejar de controlar el pago de los impuestos. Esos controles se hicieron toda la vida y no tienen nada que ver con la Ley de Inclusión Financiera. ¿Por qué se mete esto de contrabando? Es una forma de eliminar el control de pago de impuestos”, se preguntó. Otro cambio que propone CRECE es que quede “prohibida toda forma de contratación obligatoria”, explicó Pasquet, por lo que “el Estado no va a poder ni estimular ni desestimular que se contrate”. “A mí me gustaría conocer un análisis jurídico a fondo de los alcances de esta propuesta. ¿Esto significa que se acabó el seguro obligatorio de automóviles, que es un contrato? ¿No se hará más? ¿La afiliación a una AFAP pasa a ser estrictamente voluntaria? Son cosas que no están claras, y terminamos discutiendo como si la propuesta fuera ‘déjase sin efecto la Ley de Inclusión Financiera’, y no es eso”, dijo.
Sobre la iniciativa de Salle, aseguró: “Es mucho más puntual y dice que se va a poder seguir pagando en efectivo y que no hay forma de impedirlo. Esto ahora tiene mucho sentido y a toda la gente le parece muy bien. Ahora, ¿vamos a poner en la Constitución que la República Oriental del Uruguay garantiza el uso de dinero en efectivo eternamente? Al paso que avanza la tecnología, ¿dentro de cinco años va a ser igual, y dentro de diez? Estas cosas no son para la Constitución, sino para la ley”, aseguró.
En cambio, el diputado Conrado Rodríguez (de Espacio Abierto, el sector que lidera Tabaré Viera) dijo a la diaria que está a favor de la recolección de firmas porque la “ley de bancarización está desajustada con la realidad”. Como otros integrantes del PC, destacó las dificultades que hay en el interior del país con los cajeros automáticos. “La gente no puede acceder a los bienes de consumo”, afirmó. Rodríguez admitió que el proyecto de CRECE puede incluir otros aspectos que no tienen que ver con la Ley de Inclusión Financiera, por eso pidió el asesoramiento de constitucionalistas. De todas formas, dijo que muchas son “interpretaciones” que se hacen de la propuesta. El diputado agregó que seguirán haciendo todo lo posible desde el Parlamento para lograr las modificaciones, pero “no llegamos a los votos”, y por eso apoyan la reforma Constitucional, “para que la gente decida”.