Una vez más, trabajadores del rubro gastronómico quedan en el medio de un negocio no transparente entre particulares. El restaurante Los Faroles, ubicado en el kilómetro 28,400 de la avenida Giannattasio, en El Pinar, cambió de propietario. Un comunicado de los trabajadores sindicalizados del local asegura que, según consta en el Banco de Previsión Social (BPS), el dueño anterior “despidió al personal en abril de 2017 y vendió el comercio” a otro empresario, “absorbiendo este último a todo el personal”. Los trabajadores detectaron que el nuevo dueño “tomó posesión del negocio en febrero”, pero el anterior “los despidió en abril”. Cuando se dieron cuenta de esta irregularidad, el nuevo propietario “dijo ‘de palabra’ que él se iba a hacer cargo de todos los créditos y deudas correspondientes” como salarios, licencias, aguinaldos, etcétera. “Frente a esta confusa situación, los trabajadores decidieron afiliarse al SUGHU [Sindicato Único de Gastronómicos y Hoteleros del Uruguay] para informarse adecuadamente de su situación”, dice el mensaje, que agrega que tanto dirigentes como abogados del SUGHU hallaron “grandes irregularidades”. Se detectó que hubo meses en los que los trabajadores aportaron al BPS, pero ese aporte nunca llegó a la institución, además de “una larga lista” de irregularidades.
La situación llegó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En una audiencia, el actual propietario dijo que “se iba a hacer cargo de todo, pero que ahora estaba ‘fundido’ e iba a cerrar el comercio, por lo que no podía asumir ningún pago a los trabajadores”. Entonces estos, que son más de 20 y en su mayoría mujeres jóvenes, decidieron ocupar el lugar de trabajo “hasta cobrar (al menos) los salarios correspondientes al mes de agosto”. Al enterarse de la situación, el dueño envió a seguro de paro a los trabajadores sindicalizados, “bajo el concepto ‘cese de actividades transitorias’ y no ’cierre de empresa’, como declaró en [el] MTSS”.
Los trabajadores desocuparon el lugar bajo la amenaza del propietario de hacer una denuncia policial. A pesar de que el dueño aseguró en el MTSS que iba a cerrar el local, este estuvo abierto una semana más, después de los despidos. Tanto los trabajadores despedidos como muchos de los que aún siguen dependiendo de la empresa hasta que sean enviados a seguro de paro tienen créditos laborales por cobrar, asegura el comunicado.
Según pudo saber la diaria, el dueño acordó en el MTSS que no puede hacer frente a las deudas por créditos laborales y que tiene el negocio a la venta, incluso con un probable comprador que sería La Pasiva, y que al cerrar el negocio pagará lo que debe. Los trabajadores, que fueron enviados a seguro de paro por cuatro meses, están a la espera de esa venta.
Consultado por la diaria, el presidente del SUGHU, Jorge González, explicó que esta modalidad de estafa a los trabajadores está extendida entre los empresarios gastronómicos. “Cuando los trabajadores de un local se enteran de que va a haber un cambio de firma, convocan al MTSS para tener una garantía, si no se puede, se le ocupa el local al dueño anterior antes de que se vaya y hasta que se asegure el cobro de todos los créditos laborales”, describió el dirigente sindical. Según González, a veces los compradores son testaferros de los que venden, “todo para no pagar los créditos laborales” a los trabajadores. Por eso “somos los más interesados en que se apruebe el proyecto de ley de insolvencia patronal”, concluyó.