En el marco de la previa de la Semana Internacional de la Persona Sorda (del 18 al 24 de setiembre), ayer se llevó a cabo una marcha desde la plaza Independencia hasta la Intendencia de Montevideo, impulsada y apoyada por varias organizaciones civiles e instituciones, como la Asociación de Sordos del Uruguay (Asur), la escuela 197 (para personas sordas y con alteraciones del lenguaje) y la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT, entre otras.
La movilización tuvo varias reivindicaciones. Una de las claves es mejorar la accesibilidad en distintos ámbitos, por ejemplo, en todos los niveles de la educación (liceos, UTU y facultades), con la incorporación de intérpretes de lengua de señas uruguaya, y también en la salud; reclaman el reconocimiento a la importancia de los mediadores sordos en la atención. Además, el folleto insistía en la necesidad de que haya accesibilidad –por medio de intérpretes y subtítulos– “en la mayor cantidad posible de los canales de televisión y sus programas”, para que se cumpla con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (19.307), que en su artículo 36 establece: “Los servicios de televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean distribuidas por servicios para abonados, deberán brindar parte de su programación acompañada de sistemas de subtitulado, lengua de señas o audiodescripción, en especial los contenidos de interés general como informativos, educativos, culturales y acontecimientos relevantes”. En el texto, promulgado en diciembre de 2014, dice que el Poder Ejecutivo, asesorado por el Consejo de Comunicación Audiovisual, “fijará la aplicación progresiva y los mínimos de calidad y cobertura exigibles para el cumplimiento de estas obligaciones”.
Maximiliano Amaral, presidente de la Comisión de Juventud de la Asur, dijo a la diaria que están enviando cartas al gobierno para presentar sus reivindicaciones en diferentes áreas del Estado, según el tipo de reclamo. En el caso del cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, subrayó que la accesibilidad para personas sordas sólo se cumple en TNU y TV Ciudad. “Los canales privados no respetan esa ley, y todavía seguimos sin acceso completo a la información. Hace un par de años la Asur inició un proceso judicial, pero perdió este año”, dijo.
Los reclamos de la marcha también se dirigieron a generar más empleo para las personas sordas en el interior, ya que allí tienen “menos oportunidades y menos información”. Por último, se reclamó que los concursos públicos se formulen mejor para asegurar el cumplimiento de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, sobre todo en su artículo 4º: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes”.