Gerardo Amarilla. Foto: Iván Franco (archivo, octubre de 2015)

Algunas de las iniciativas legislativas más curiosas que los parlamentarios presentaron en 2017

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El 2 de agosto del año pasado, el senador nacionalista José Carlos Cardoso decidió presentar un escueto proyecto de apenas dos artículos con el objetivo de denominar al Aeropuerto Intenacional de Carrasco con el nombre de Carlos Gardel. “Nos adscribimos a la tesis de que Carlos Gardel es uruguayo. Pero no es el propósito de nuestra propuesta desarrollar una discusión sobre su origen, sino plasm...
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El 2 de agosto del año pasado, el senador nacionalista José Carlos Cardoso decidió presentar un escueto proyecto de apenas dos artículos con el objetivo de denominar al Aeropuerto Intenacional de Carrasco con el nombre de Carlos Gardel. “Nos adscribimos a la tesis de que Carlos Gardel es uruguayo. Pero no es el propósito de nuestra propuesta desarrollar una discusión sobre su origen, sino plasmar definitivamente su nombre en conjunción con ese otro símbolo al que referimos en principio [el aeropuerto], sintiendo que es tan uruguayo como nuestro aeropuerto, es Gardel”, dice en su exposición de motivos el senador rochense. El problema es que el aeropuerto de Carrasco ya tiene nombre: se llama oficialmente Cesáreo Leonardo Berisso, en honor a uno de los pioneros de la aeronáutica uruguaya. Para solucionar este detalle no menor, Cardoso elaboró una fórmula alternativa, plasmada en el segundo artículo de su proyecto: propone que junto al cambio de nombre del aeropuerto, su pista principal pase a tomar el nombre de Berisso.

Al senador Pedro Bordaberry le gusta pensar a largo plazo y, al parecer, tiene entre ceja y ceja cómo va a ser el Uruguay del futuro. Por eso propuso, el 18 de abril de este año, tratar un proyecto de ley mediante el que se prohíba, a partir del 1º de enero de 2030, la “importación, fabricación y armado de vehículos que sean impulsados por motores de combustión interna, cuyo destino final será el mercado doméstico”. Entre los vehículos comprendidos están los automóviles, ómnibus, camiones, camiones tractores para semirremolques, motocicletas y velocípedos equipados con motor auxiliar. El texto, sin embargo, habilita al Poder Ejecutivo a autorizar excepciones “siempre que medie previo otorgamiento de un certificado de necesidad por parte de los Ministerios de Industria, Energía y Minería, Vivienda y Medio Ambiente y de Transporte y Obras Públicas”, y que refieran a vehículos “con motores de combustión interna considerados deportivos o clásicos, con más de 20 años de antigüedad, cuyo destino exclusivo sea exhibición o participación en competencias”; aquellos “destinados a actividades productivas donde su función sea relevante en el proceso productivo o de prestación del servicio, y cuyas prestaciones específicas no puedan ser desempeñadas por vehículos con una motorización distinta”, y los que también estén destinados a actividades productivas, “y cuyo costo total de funcionamiento empleando combustibles no fósiles sea por lo menos 30% inferior al costo de vehículos con una motorización distinta y prestaciones equivalentes”. El proyecto incluso prohíbe, a partir del 31 de diciembre de 2035, “la circulación en territorio nacional de vehículos impulsados por motores de combustión interna”, y faculta al Ministerio del Interior al “secuestro” de “todo vehículo automotor que circule en contravención” a lo que establece la norma.

En cambio, los diputados oficialistas Constante Mendiondo y Roque Ramos (Frente Liber Seregni) prefieren mirar al pasado, y quieren que este no sea olvidado. Para eso presentaron un proyecto de resolución a la Cámara de Representantes para que se editen, reunidos en un único tomo, “los discursos pronunciados anualmente en Sala en sesión solemne, exaltando la personalidad de José Artigas, a partir del año 1995”. El segundo artículo de la resolución autoriza la afectación de los rubros presupuestales necesarios para financiar “hasta 2.000 ejemplares” de esa obra, que, a juzgar por esta cifra, augura una interesante demanda entre la población.

Otros que decidieron rememorar fueron los diputados nacionalistas Gerardo Amarilla, Benjamín Irazábal, Armando Castaingdebat, José Andrés Arocena, Amín Niffouri, Álvaro Dastugue y Pablo Abdala, quienes junto con la colorada Graciela Matiauda buscan conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante y los 100 años de la separación constitucional entre la iglesia y el Estado y la consagración de la “libertad de cultos”, con un proyecto que declara el 31 de octubre de cada año como el “Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes”. “Entendemos que a raíz de lo establecido constitucionalmente, se deben adoptar medidas concretas que permitan que el ejercicio de un culto se desarrolle armónicamente, otorgando con ello oportunidades de crecimiento a cada uno de sus miembros. Asimismo, dicho ejercicio debe ser realizado sin discriminaciones, constituyendo un deber del legislador crear las condiciones para que todos lo puedan ejercer”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley. Por eso, se argumenta que “este día tan especial para un grupo tan importante de nuestra sociedad como lo es la colectividad Evangélica” debe ser tratado “con especial atención para que así se pueda llevar a cabo una mayor confraternización y celebración”.

Pero las celebraciones deben ser mesuradas. Y si no, pregúntenle al diputado Gastón Cossia, quien pocos días antes de las fiestas, el 4 de diciembre, presentó un proyecto de ley para prohibir, de plano y en todo el país, “la elaboración, importación, comercialización mayorista y minorista, el acopio y almacenamiento, tanto para el uso personal como para la venta al público, de los artefactos de pirotecnia y fuegos artificiales destinados al uso domiciliario”. La única excepción prevista en el proyecto serán “las actividades desarrolladas en el marco de espectáculos públicos debidamente autorizados por la autoridad con jurisdicción competente y cuyos responsables se encuentren registrados y habilitados por el Servicio de Material y Armamento”. La iniciativa le encomienda nada menos que al Servicio de Material y Armamento del Ejército, “con la asistencia de la autoridad policial”, el control y la aplicación de la norma. En caso de que fuera violada, las multas podrán ser de entre poco más de 10.000 pesos a hasta más de 200.000 pesos. Según argumenta Cossia en su exposición de motivos, “la utilización de pirotecnia de forma indiscriminada y sin restricción alguna genera situaciones indeseables para la comunidad en su conjunto”, y “la manipulación de estos productos tiene riesgos de incendios, ruidos molestos, daños materiales, lesiones graves e invalidantes y en muchos casos, muerte de personas y animales”. Por eso, el diputado pretende que Uruguay inicie “un proceso de restricción y prohibición del uso domiciliario de la pirotecnia, que colaborará en la prevención de los efectos nocivos detallados y favorecerá una mejor y más saludable convivencia”. “Este camino es el que están recorriendo muchos países de la región y del mundo”, resalta.

Pero, ¿qué sería de una celebración si no se puede brindar con algo? Para suerte de quienes gustan de celebrar con una copa, el diputado del Partido de la Gente Guillermo Facello presentó un proyecto para declarar de “interés nacional” el vino uruguayo, lo que implica la elaboración de un plan –que estaría a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura– “para la consolidación y desarrollo” de la producción de esta bebida. Este plan deberá difundir “las bondades del consumo moderado del vino uruguayo, haciendo especial hincapié en la educación de los jóvenes”, promover “un logo para el vino uruguayo como bebida nacional” y “determinar que en todos los eventos oficiales que así lo ameriten, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos departamentales [...] deberán ofrecer vinos uruguayos”. Además, Facello se propone salvar al vino de las duras restricciones que establece el proyecto de ley, actualmente a estudio, que busca prevenir el consumo abusivo de alcohol, y determina en el último artículo de su iniciativa que se excluirá al vino uruguayo “de cualquier norma legal o reglamentaria vigente o que se proyecte de futuro para regular el consumo, circulación o comercialización de bebidas alcohólicas, rigiendo en la materia en forma exclusiva la normativa vitivinícola específica vigente o que se dicte en el futuro”. Facello sostiene en la exposición de motivos que sobre el vino “existen muchos mitos, algunos ciertos y otros equivocados”. Uno de estos refiere a “el consumo de una copa de vino al día y sus beneficios para nuestra salud”. “La respuesta correcta es que, efectivamente, consumir vino tinto de forma moderada y como parte de un estilo de vida saludable que incluya una alimentación variada y la práctica regular de actividad física, puede proporcionar algunos beneficios a la salud y especialmente al corazón”, sostiene el diputado, que asegura, parafraseando a Louis Pasteur, que “el vino es la bebida más sana e higiénica”. El legislador afirma en la exposición de motivos que “el aprendizaje de su degustación inculcado desde la juventud mediante campañas educativas a tales efectos permitirá a la población disfrutar de esta noble bebida sin caer en excesos que perjudiquen la salud ni la normal convivencia social”.

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